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Cambio en el método de cálculo del euribor

En las últimas semanas las noticias en referencia al precio del dinero han sido continuas; esas noticias de tipos cero o cercanos a ellos han hecho que se llegue a situaciones donde el euribor ha llegado a estar en negativo, con la importancia que ello tiene, ya que ese es el índice usado para la determinación del tipo hipotecario en la práctica totalidad de los casos. Esta situación coincide con que, en 2016, se va a producir el cambio en el método de cálculo del euribor.

 

El cambio en el método de cálculo del euribor tiene por objetivo tratar de dejar de tener en cuenta la actuación del supervisor; se calculará en función de las transacciones reales de préstamos entre bancos, dejando de tener en cuenta el sistema actual, que se basa en los tipos en los que, en teoría, las entidades se prestarían dinero entre si; sobre el papel este nuevo tipo de cálculo hará que hablemos de un tipo que realmente refleje la situación de mercado.

 

Las autoridades monetarias defienden que este cambio se lleva a cabo para beneficiar la transparencia, ya que se reducirían las posibilidades de que se produzca la manipulación del euribor al basar su determinación en las transacciones entre entidades bancarias que fuesen contrastables. Precisamente buscando ese objetivo, desde 2014, el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI) inició el trabajo para determinar la nueva manera de calcular el euribor; el detonante de este cambio se produjo por los escándalos de manipulación del euribor en los que importantes entidades bancarias se vieron envueltas. La cuestión es que el escenario en el que se producirá la implementación de este nueva forma de cálculo (que será a partir del próximo mes de julio) es el actual, donde nos encontramos con una situación donde el precio del dinero marcado por el BCE es, como ya se ha indicado antes, de cero o del entorno de cero, y ello ha hecho que el euribor llegue a tipos negativos; esta coincidencia evidentemente genera una importante polémica ya que al ser, como ya se indicó anteriormente, el euribor el tipo empleado como índice para la determinación de los tipos de los préstamos hipotecarios existirían situaciones donde algunas entidades bancarias podrían verse en escenarios donde tendrían que pagar a sus clientes hipotecados. La polémica surge por el momento del cambio de la forma del cálculo y la duda de si efectivamente se busca un tipo más real o “evitar” que se den situaciones donde las entidades bancarias tengan que “pagar” a sus clientes.

 

En relación a esto último, y a que es un cambio en el cálculo de un tipo existente durante años, la opinión de expertos es que no puede darse por hecho que este nuevo cálculo del euribor vaya a encarecer las hipotecas, si bien tanto ellos como el EMMI reconocen la existencia de riesgo de volatilidad en los momentos iniciales de aplicación del nuevo cálculo; incluso se hace referencia a que el EMMI ha indicado que la entrada en pruebas en el segundo semestre de 2016 de este nuevo cálculo se hace para que se asemeje al euribor antiguo.

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Obligaciones de información y clasificación de productos financieros

A partir del mes de febrero de 2016, entrará en vigor la Orden ministerial ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

Si bien es cierto que las diferentes normas aprobadas en los últimos años han incrementado notablemente la información que se ha de poner a disposición del cliente y han establecido la obligación de que dicha información conste por escrito, la gran cantidad de información precontractual que en ocasiones se pone a disposición de los clientes, o de los clientes potenciales, y la ausencia de un formato común para su representación, constituyen dos factores que dificultan la adecuada comprensión de los productos ofrecidos y su comparación con otros.

Esta norma tiene como fin garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros mediante el establecimiento de un sistema normalizado de información y clasificación que le advierta sobre su nivel de riesgo y le permita elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión. Con tal finalidad, las entidades entregarán a sus clientes o potenciales clientes un indicador de riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad.


La citada Orden ministerial se estructura en tres capítulos y un anexo.

Su redacción se articula sobre tres principios básicos:

  • Principio de transversalidad: conforme al cual el sistema normalizado de información y clasificación se deberá elaborar para todos los productos financieros, ya sean bancarios, como propios del mercado de valores o del mercado de seguros y planes de pensiones.
  • Principio de simplicidad: para que la información ofrecida ayude a los clientes o potenciales clientes a comparar diferentes productos y comprender sus características.
  • Principio de homogeneidad: a fin de evitar divergencias y mejorar la protección de los clientes financieros, la información mínima requerida sea elaborada y representada gráficamente en un único formato normalizado.

Atendiendo a estos tres principios, el Capitulo I regula el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Orden ministerial.

En cuanto a los productos a los que se aplica, la orden incluye a los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, los depósitos bancarios, los productos de seguros de vida con la finalidad de ahorro y los planes de pensiones individuales y asociados.

comisic3b3n-nacional-del-mercado-de-valores-fuente-cnmvNo obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta orden los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, como es el caso las participaciones de fondos de inversión, los productos de seguro de vida que tengan un elemento de inversión a los que es aplicable dicho Reglamento y los productos y depósitos estructurados, que disponen, a partir del 31 de diciembre de 2016, de una regulación específica, destinada a que los clientes y potenciales clientes puedan comprender y comparar las características fundamentales y los riesgos de dichos productos, incluyendo a estos efectos un indicador de riesgo con un formato y contenido homogéneos.

 Igualmente, se excluye a la deuda pública del ámbito objetivo de aplicación, dada la garantía de las administraciones públicas con la que cuentan que hace que su clasificación sea la de activo de elevada liquidez y solvencia a efectos de la normativa prudencial y, en particular, del Reglamento 575/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 648/2012/UE. Asimismo, quedan excluidos de esta orden los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, al no ir dirigidos a la comercialización en el mercado minorista, así como las modalidades de seguro de vida previstas en el artículo 3 de la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida que tienen en común el presentar esencialmente un componente biométrico.DGS

El capítulo I regula también el ámbito de aplicación subjetiva de la orden, que incluye tanto a las entidades financieras españolas susceptibles de comercializar este tipo de productos, como a las entidades extranjeras que lo hagan en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios.

Finalmente, el ámbito de aplicación de la orden se termina de definir mediante dos normas de cierre: primero, la orden se aplica solo en relación con la comercialización de productos a clientes no profesionales y segundo, se exime de su cumplimiento a la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras, dado que en estos casos es la empresa quien toma las decisiones de inversión por cuenta del cliente.


Por otra parte, en el Capítulo II de <<las obligaciones de información y clasificación de productos financieros>>, se regula el llamado  «indicador de riesgo» que las entidades deberán facilitar al cliente o cliente potencial cuando le presten servicios de inversión o comercialicen un producto financiero. Dicho indicador será elaborado y representado gráficamente de conformidad con lo dispuesto en el anexo y clasificará al producto financiero en cuestión en alguna de las 6 categorías previstas en la orden:

  • Clase 1: Incluirá:
    • Los depósitos bancarios en euros ofertados por entidades de crédito a los que se refiere el artículo 2.1.b).
    • Los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.
  • Clase 2: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos, deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 1, según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 3:  En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 3 e igual o inferior a 5 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 4: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 5 años e igual o inferior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 5: en esta clase se incluirán:
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan de un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2.
  • Clase 6: En esta clase se incluirán el resto de los productos financieros definidos en el artículo 2 y no contemplados en ninguna otra clase.

Además, en este capítulo se establecen también las <<alertas sobre liquidez y sobre la complejidad del producto>> , que únicamente deberán ser incluidas en la información a entregar al cliente o potencial cliente en el caso de que concurran algunas de las circunstancias expresamente previstas en el articulado de la orden ministerial.

Las entidades incluirán, además del indicador de riesgo, en su caso, una alerta actualizada al momento de su entrega conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre las posibles limitaciones respecto a la liquidez y sobre los riesgos de venta anticipada del producto financiero, que será elaborada y representada gráficamente de conformidad con lo dispuesto en la presente orden.

El indicador de riesgo , y en su caso las alertas de liquidez, deberán incluirse en las comunicaciones publicitarias sobre los productos financieros que incluyan información concreta sobre sus características y riesgos.  El indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad serán representados gráficamente utilizando las figuras de los apartados 1, 5 y 6 del anexo.

riesgoLas representaciones gráficas deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 11 de la orden, es decir, deberán incorporarse en la parte superior de la primera hoja de las comunicaciones publicitarias o de la información sobre el producto financiero cuando se realice por escrito o en un medio que permita su reproducción, y el tamaño de la figuras y de los textos tendrá que ser adecuado al tamaño del documento para asegurar que sean claramente visibles y legibles para el cliente o cliente potencial.

La correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo se representará gráficamente mediante un pentágono orientado hacia a la derecha y de color negro que apuntará al pentágono de color de su clase correspondiente.

Dibujo 2No obstante, las entidades podrán sustituir la figura del apartado 1 del anexo por la figura apartado 3 del anexo, en cuyo caso, la correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo previsto en el apartado 1 del anexo se representará gráficamente mediante la indicación numérica de la clase a la que pertenece el producto financiero en la parte del numerador de la fracción, permaneciendo el denominador siempre constante en el número 6. En este supuesto, los colores utilizados para el indicador de riesgo atenderán a lo establecido en el apartado 4 del anexo y la figura del apartado 3 del anexo se acompañará de la leyenda: <<Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor riesgo>>


En cuanto a la comercialización a distancia y otras formas de comercialización (contratación por correo, catálogo, internet, venta telefónica) la orden establece la obligación de entrega del indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad al cliente antes de su contratación. Las entidades deberán estar en condiciones de acreditar que, antes de contratar un producto financiero a distancia, el cliente potencial ha recibido el indicador de riesgo y, en su caso, las alertas sobre la liquidez y la complejidad.

Asimismo, las entidades tendrán la obligación de incorporar junto al indicador de riesgo de los productos financieros a los que se refiere el art. 2.1.b), una advertencia que incluirá la identidad del fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad y el importe máximo que garantiza.

Indicadores de riesgo en planes de pensiones: Cuando el producto financiero comercializado por las entidades sea un plan de pensiones de los recogidos en el artículo 2.1.d), las entidades facilitarán, en sustitución del indicador de riesgo previsto en el artículo 5, otro elaborado, calculado y representado conforme a lo establecido para el indicador sintético de riesgo en los apartados 4 y 6 de la Norma Cuarta de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.


Por último, en el Capítulo III de <<Normas de ordenación, disciplina y supervisión>>, se recoge el régimen aplicable a cada uno de los respectivos ámbitos materiales de los servicios financieros sobre los que se proyecta. Asimismo, establece que las facultades de desarrollo se delegan en El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrán dictar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución y aplicación de la Orden ministerial en sus respectivos ámbitos competenciales.

Está previsto que entre en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir el 5 de febrero de 2016.

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Situación actual de las cláusulas suelo

En los últimos días ha saltado la noticia de la emisión de un informe no vinculante por parte del Tribunal de Justicia de la  Unión Europea, en el cual, se solicitaba que los bancos devuelvan todo lo cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo en las hipotecas.

 

En España, a día de hoy, existe una sentencia del Tribunal Supremo para las cláusulas suelo de las entidades BBVA, Abanca y Cajamar en la que se limita la retroactividad a mayo de 2013; argumentando que la retroactividad completa de las cláusulas suelo podría poner en riesgo la solvencia de las entidades.

 

Los comentarios generalizados a día de hoy se basan en la incertidumbre; bastantes se agarran a un argumento muy similar al del Tribunal Supremo en su día, argumentan que puede existir un importante impacto sobre entidades que dependen de las cláusulas suelo ya que, afirman, podrían implicar una reducción del crédito. Por otro lado las asociaciones de consumidores OCU o Facua han recibido como una magnifica noticia el informe emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confiando que este informe ayude a que las entidades financieras devuelvan a sus clientes el importe cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo.

 

Las entidades Banco Popular, Sabadell, BMN, Liberbank y Unicaja tienen cartera de hipotecas con cláusula suelo; siendo el planteamiento general de las entidades el buscar ir a casos particulares con sus clientes y negociar.

 

Toda esta incertidumbre sobre como van a evolucionar ha tenido ayer un imparto en bolsa, siendo destacables las órdenes de venta de acciones de entidades bancarias cotizadas, siendo la más afectada el Banco Popular, seguido de Banco Santander y BBVA.

 

La incertidumbre ha sido bastante elevada sobre esta problemática, ya que no se sabe a ciencia cierta como podrá evolucionar; ello ha hecho que haya entidades que hayan decidido “preventivamente” eliminar las cláusulas suelo de sus hipotecas para tratar de evitar, en la medida de lo posible, el impacto de la eliminación de las cláusulas con efecto retroactivo, un ejemplo de esta actuación ha sido Caixabank.

 

En resumen, la situación está llena de dudas sobre como va a evolucionar el tema de las cláusulas suelo, debiendo estar pendientes de las implicaciones a corto y medio plazo del informe no vinculante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Eliminación de dobles comisiones en cajeros

Hace unos días publicábamos la noticia de la intención gubernamental de legislar sobre el tema de las dobles comisiones , en dicha noticia hacíamos referencia a las distintas posibilidades que se barajaban en ese momento.

 

Finalmente, el viernes pasado, fue tomada dicha decisión, se eliminan las dobles comisiones y el cobro de la comisión bancaria será de la siguiente manera: Los titulares del cajero podrán cobrar a los emisores de la tarjeta, siendo estos quienes decidirán si le cargan dicha comisión a sus clientes o no, no pudiéndose poner como comisión al cliente un importe mayor de lo que haya cobrado el titular del cajero al emisor de la tarjeta.

 

El cliente en todo momento ha de ser informado del importe máximo de comisión que su banco le podrá cargar por efectuar una operación en un cajero diferente al de la entidad emisora de la tarjeta.

 

Evidentemente, en el caso de que nos encontremos con una retirada de efectivo con tarjeta de crédito y no de débito, la entidad podrá aplicar al cliente un importe adicional en concepto de crédito. Pero ese importe, lógicamente, no podrá ser superior al que la entidad emisora de la tarjeta le aplicaría a su cliente por una retirada de efectivo a crédito en los cajeros de su propiedad.

 

Las entidades deberán llegar antes de enero a un acuerdo sobre el importe de dichas comisiones; teniendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que elevar al Ministerio de Economía un informe con los acuerdos entre las distintas entidades. Los acuerdos a los que lleguen las entidades bancarias para fijar las comisiones podrán revisarse cada año, teniendo en todo momento que respetar las normas de la competencia.

 

 

Publicación en el BOE de esta nueva regulación.

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Comisiones en cajeros. Situación actual.

Este verano, a raíz de la decisión de determinadas entidades bancarias de aplicar una comisión de dos euros por la retirada en cajero a no clientes, se desató la “batalla de los cajeros”. Las grandes entidades empezaron a aplicar estas comisiones argumentando la gran inversión que hacen en su red de cajeros; realmente, la aparición de entidades casi sin red pero que trabajan con sus cajeros es el detonante de la aplicación de las comisiones antes nombradas.

 

La cuestión es que dicha situación implica que al cliente se le pasaría a cobrar no solo lo que cobra la entidad emisora de la tarjeta, sino también esta comisión por el uso del cajero, y ello es lo que provocó en su día la queja del Banco de España y proceso de legislación posterior en el que nos encontramos. Esta postura del Banco de España en contra de las “dobles comisiones” fue en su día secundada por el Ministerio de Economía, tras lo cual el Banco de España ha pedido al Gobierno que legisle sobre este asunto; este escenario ha hecho que el  Ministerio de Economía anunciase a mediados de este mes que haría una modificación de la norma.

 

Ante esta situación se están barajando dos posibilidades para la nueva norma:

 

– Cobro de comisiones a los clientes cuando van a sacar efectivo de un cajero distinto al de su banco, dicho cobro corresponderá únicamente al propietario del cajero.

 

Cobro de comisiones a la entidad emisora de la tarjeta por parte del propietario del cajero, no cobrando el emisor del cajero en ningún momento al usuario. Eso sí, el banco emisor de la tarjeta podría poner algún tipo de tarifa a su cliente por el uso de un terminal de un propietario diferente.

 

La propuesta del Ministerio de economía en este último caso es que las dos entidades lleguen a un acuerdo sobre el importe de la comisión, pero si nos encontrásemos ante el caso de que no se llegue a acuerdo alguno sería el propietario del cajero quien fijase la comisión. Esta propuesta es la que ha hecho que las negociaciones entre entidades bancarias no avanzaran el pasado verano y haya tenido que intervenir primero el Banco de España y después el Ministerio de Economía.

 

De todos modos la norma exigirá que el Banco de España sea informado en todo momento de las comisiones, en caso de no ser informado de modo reiterado esta actuación se considerará infracción muy grave.