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Constitución de depósitos para pujar en subastas electrónicas

El pasado 7 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

En este Real decreto se regula el procedimiento de constitución, gestión y devolución, cuando proceda, por vía telemática de los depósitos exigidos por la normativa vigente para participar en subastas electrónicas.

Para poder participar en una subasta como postor, los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, y estar en posesión de la correspondiente acreditación. Para obtener dicha acreditación será necesario que hayan constituido, en su caso, el depósito del 5% del valor del bien de conformidad con lo establecido en el art. 647.1.3 de la LEC.


¿Cómo es el procedimiento para la constitución telemática de los depósitos?

  1. El interesado, que previamente ha sido dado de alta en el Portal de Subastas, se conectará a través de éste con los servicios electrónicos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y a través de éstos, con los de la entidad colaboradora en la gestión recaudatoria en la que tenga cuenta.
  2. Si la constitución del depósito es aceptada por la entidad colaboradora, ésta efectuará el traspaso de su importe desde la cuenta del depositante a la cuenta de depósitos por participación en subastas de la Agencia Tributaria, comunicando el hecho de la constitución del mismo, o bien la imposibilidad de efectuarlo por inexistencia de saldo en cuenta del depositante o por cualquier otra causa, así como los datos identificadores del depositante y de la subasta.
  3. El Portal de Subastas enviará al interesado, como acreditación del depósito constituido, un número de referencia que previamente le habrá comunicado la Agencia Tributaria tras ser emitido por la entidad colaboradora correspondiente.

Tras la subasta he sido adjudicatario del bien, ¿y ahora?

El Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria  la información necesaria para que el importe correspondiente al depósito constituido por el postor adjudicatario se ingrese en la cuenta restringida de la entidad colaboradora en la que se hubiese efectuado, a los efectos de su posterior transferencia a la cuenta del Tesoro del Banco de España.

Seguidamente la Agencia Tributaria remitirá la propuesta de pago a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que le transfiera los fondos correspondientes a ese depósito y recibirá la información del Portal de Subastas que contendrá los datos correspondientes al nombre y número de identificación fiscal del depositante, así como los identificadores de la subasta, lote, etc. con el fin de asegurar la correcta recepción e identificación de las cantidades que serán transferidas a la Cuenta de Depósitos y consignaciones Judiciales (en la subasta judicial), o a las cuentas correspondientes en caso de subastas notariales.


¿Qué ocurre con los depósitos efectuados  en las pujas sin reserva de postura?

El Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que traspase desde la cuenta de depósitos por participación en subastas a la cuenta del depositante la cantidad consignada, en la misma fecha del cierre de la subasta.


¿Y con los depósitos efectuados en las pujas con reserva de postura?

Los depósitos constituidos por los postores que pujaron con reserva de postura, permanecerán en el mismo estado hasta que se comunique por el órgano subastador al Portal de Subastas que el postor adjudicatario completó la totalidad del precio ofrecido, que se ha aprobado el remate a favor de tercero o que se dictó decreto de adjudicación. Una vez recibida esta comunicación, el Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que se traspase a las cuentas de los depositantes.

En el caso de que existieran pujas efectuadas con reserva de postura y el mejor postor no completara el precio ofrecido en el plazo señalado en la ley, por el art. 653 de la LEC, el Letrado de la Administración de Justicia o notario responsable de la subasta, además de dar destino legal al depósito constituido por el postor que causó la quiebra de la subasta, comunicará esta circunstancia al Portal de Subastas interesando el envío de la certificación con los datos del siguiente mejor postor que pujó con reserva de postura y que actúe conforme a lo establecido en la legislación vigente. Si este postor tampoco completara el precio ofrecido, se procederá de la misma forma respecto a los sucesivos postores.


¿Y si finalmente la subasta no tiene ningún postor?

El Portal de Subastas, tan pronto como se realice su cierre, transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que se traspase a las cuentas de los depositantes las cantidades consignadas para aquélla.

Lo mismo ocurrirá en el caso de los depósitos constituidos por los postores que, una vez iniciada la subasta dejen de tener interés en la misma, no realicen ninguna puja o hayan visto su postura superada y no hayan hecho reserva de postura.

Por último, en los casos de suspensión de la subasta por un período superior a quince días o cancelación directa de la misma por el Letrado de la Administración de Justicia o notario responsable de la subasta, el Portal de Subasta, una vez transcurrido el plazo o recibida la comunicación expedida por aquel dejando sin efecto la subasta, trasmitirá a la Agencia Tributaria la información necesario para que se traspase a las cuentas de los depositantes de las cantidades consignadas para participar en la misma.


El citado Real decreto modifica:

  • Los apartados 1 y 3 del artículo 1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.
  • Añade un nuevo párrafo 12 al apartado A del artículo 344 del Decreto de 2 de junio de 1944. Por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado.

Ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 7 de noviembre.

Para saber más sobre subastas electrónicas, haga clic aquí 

 

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Portal único de subastas

 La subasta es uno de los medios que permite transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados, con el fin de que el deudor demandado pueda pagar la deuda reclamada con la cantidad que se obtenga en ella. El recurso a la subasta pública como medio de realización de bienes es muy común en nuestro ordenamiento, tanto en procedimientos notariales como judiciales o administrativos.

Con la  entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en este mes de octubre, se ha llevado a cabo la reforma de los preceptos necesarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las subastas que tengan lugar en sede judicial se realicen de manera electrónica.

La aprobación de esta medida tiene dos objetivos: por un lado, obtener una mayor transparencia en el procedimiento y, por otro, la obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes.

La Ley se orienta a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del estado, lo que en principio supondría eliminar las pujas presenciales, y evita a quien quiera participar en una subasta judicial, ir de juzgado en juzgado a consultar la información relativa a las mismas.

A continuación trataremos de explicar a efectos orientativos y con carácter general, las claves de la nueva subasta electrónica:


Antecedentes de la subasta electrónica.

La subasta electrónica es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. En el año 2000, la  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contempla el procedimiento de ejecución celebrado en los Juzgados, realizándose la subasta a través de un Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (Unidad de Subastas).

En el año 2007, se hace posible la realización y participación en subastas judiciales a través de Internet en la Región de Murcia. El Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del Ministerio de Justicia puesto en marcha para la celebración de los procesos señalados por los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Murcia supuso una experiencia pionera en España y en Europa.

En el año 2012 se lleva a cabo una nueva reforma de la LEC  que hace posible la publicación de todas las subastas en el Portal de la Administración de Justicia. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificó el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, introduciendo la subasta electrónica única como la exclusiva forma posible para proceder a la venta forzosa extrajudicial ante Notario que tal artículo regula;  pero hubo que esperar hasta el presente año 2015 para que el legislador estableciese un verdadero sistema de subastas electrónico, a través de la Ley 19/2015 y de la Ley 15/2015, de Jurisdicción voluntaria.


 ¿Quiénes son los agentes implicados en una subasta electrónica?comercio_electronico_para_todos_reference

  • El ejecutante es quien inicia el procedimiento. Propietario del bien mueble o inmueble a subastar. Es representado por un Procurador.
  • La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado será responsable del Nuevo Portal de Subastas Electrónicas.
  • Postores: cualquier ciudadano interesado en participar en una subasta pública, que deberá acceder al nuevo portal de subastas electrónicas desde el cual realizará las pujas sobre los bienes subastados.
  • Los Órganos Judiciales, interactúan con el Portal de Subastas Electrónicas a través del Aplicativo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones (CDCJ). Los letrados y funcionarios del OJ darán de alta los datos de las subastas a través del aplicativo CDCJ y serán enviados al Portal de Subastas del BOE para su publicación y celebración de la subasta.
  • Otras instituciones implicadas: la Agencia Tributaria, el Banco de España, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) y entidades financieras.

¿Qué bienes pueden ser objeto de subasta electrónica?

Estas subastas pueden incluir distintos tipos de bienes.

  • Bienes inmuebles: viviendas, garajes, solares, etc.
  • Bienes muebles: maquinaria, mobiliario, etc.
  • Vehículos: turismos, vehículos industriales, y otros vehículos.

¿Qué requisitos debo cumplir para poder participar en una subasta electrónica?

  1. Identificarse de forma suficiente: registrarse como usuario del portal de Subastas Judiciales utilizando un certificado electrónico o bien registrarse de modo presencial en las oficinas judiciales, donde se dará un login y contraseña. Para consultar a la información o bien para seguir en directo la celebración de la subasta no es necesario identificarse.
  2. Declarar que se conocen las condiciones generales y particulares de la subasta establecidas en la ley y en el edicto correspondiente.
  3. Presentar el resguardo que acredite que se ha depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones indicada en el edicto, el 5% del valor de tasación de los bienes, o que se ha prestado aval bancario por el mismo porcentaje. (El ingreso se hace en una cuenta de la entidad Santander asignada a la Oficina Judicial que ha de celebrar la subasta).
  4. Acceder como usuario registrado y rellenar el formulario de acreditación de postor por Internet para la subasta.

¿Cómo se desarrollará la subasta electrónica?

La subasta admitirá pujas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días por un máximo de 24 horas, según lo establecido en el artículo 649 de la LEC.

Al cierre de la subasta, el Portal de Subastas remitirá al Secretario Judicial información certificada de la postura telemática que resulte vencedora, y del resto de ofertas por orden de creciente de importe y de fecha en el caso de ser la oferta idéntica.

Terminada la subasta, y recibida la información, el Secretario judicial dejará constancia, expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon.

EXT-ART-147371-File03Finalizado el trámite, se devolverán las cantidades consignadas por los postores, excepto lo que corresponda al mejor postor. Esa cantidad se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. Asimismo, es preciso señalar que, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva consignada (reserva de postura) para que, si el vencedor no entregase en plazo el resto del precio, pueda adjudicarse el bien a los postores siguientes, en el orden que quedaron.

El mejor postor no puede decir que se ha asegurado la adjudicación del bien hasta que ésta sea aprobada por el Secretario Judicial. La resolución que contiene esa aprobación se denomina decreto de aprobación de remate. Hasta ese momento el deudor puede pagar la deuda reclamada, con lo que quedaría sin efecto la subasta y se devolvería la consignación realizada para participar.

La persona a la que se le adjudique el bien debe proceder al ingreso en la cuenta  de depósitos y consignaciones del resto del importe, hasta alcanzar la cantidad por la que se le adjudicó el bien dentro de los 10 días siguientes si la adjudicación fuera de un bien mueble, o de 40 días, si se tratara de un inmueble.

Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario Judicial, del decreto de adjudicación, compresivo de la resolución de aprobación del remate, en el que deberá expresarse, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.


¿Qué garantías jurídicas implica la subasta electrónica?

La seguridad jurídica está garantizada por la identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante certificado reconocido de firma electrónica o mediante firma con sistema de claves previamente concertadas. El sistema garantizará con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones, en las que un sello determinará el momento exacto en el que tuvieron lugar.

Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único.


En una subasta online ¿cómo sé qué bienes se van a subastar?

El proyecto permitirá utilizar un buscador de subastas. En el buscador se indicará, por ejemplo, qué tipo de bien se va a subastar (un piso, un local…), la ubicación, el número de registro, las características registrales…

La Ley hace especial hincapié en la publicidad de todo lo que tenga que ver con las subastas, comenzando por un anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado>>, continuando con la inserción en el Portal de la Administración de Justicia y finalizando con la publicidad en el Portal de Subastas.


¿Dónde puedo encontrar todos los detalles de la subasta y del bien subastado?

Para cada subasta, se encontrará la publicidad registral de los bienes y de los datos complementarios, como planos, fotografías, licencias u otros elementos que, a juicio del deudor, del acreedor o del Secretario Judicial puedan contribuir a la venta del bien.

Todos los datos serán enviados por los Órganos Judiciales al Portal de Subastas del BOE, donde deberá constar:

  • El edicto completo.
  • La tasación pericial completa.
  • La certificación de dominio y cargas.
  • La tasación de cargas.

Es importante averiguar si el bien que desea adquirir tiene alguna carga, ya que la persona que consiga la subasta deberá pagar, además del precio ofrecido, las cargas anteriores y preferentes que haya sobre el bien. Por ello es sumamente importante que se tenga bien claro si existen cargas y en caso positivo, cuál es el importe de las mismas (estamos ante el peligro latente de “meter la pata” y comprar un sapo).


¿Qué ocurrirá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley?

Las subastas de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cuya publicación se haya acordado continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda.


Veremos si el hecho de facilitar el acceso a los ciudadanos para participar en las subastas mediante la creación de este portal único de corrige la tendencia de que éstas queden desiertas.

Para saber más:

 Cuadro comparativo de subastas electrónicas

 ¿Qué otras modificaciones ha introducido la Ley 19/2015?

Actualización (6/11/2015)

 Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.  Entrada en vigor el día 7 de noviembre de 2015.

Publicación relacionada: Constitución de depósitos para pujar en subastas electrónicas

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Comunicación e inscripción de nacimientos desde el hospital

El pasado 15 de octubre entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Esta norma introduce un lote de medidas que suponen un avance en el ámbito de la gestión telemática de la Administración, dotando de una nueva vía de tramitación las peticiones de los ciudadanos, y que permitirá, entre otras cosas, que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios.


¿Cómo será el trámite?

Para delicia de los progenitores, por norma general, ya no será necesario acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil correspondiente para realizar la inscripción del nacido, pues la citada Ley 19/2015 que modifica la Ley 20/2011, del Registro civil, permite que la comunicación se realice directamente desde los centros sanitarios, a modo de <<ventanilla única>>, donde los padres firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento firmado por el personal sanitario que haya asistido al parto, y los documentos identificativos de los progenitores, que serán remitidos telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, en el plazo de setenta y dos hora desde el nacimiento.

A estos efectos, la Instrucción de 9 de octubre, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, detalla en los anexos a la instrucción el contenido del formulario que comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna. Se prevén distintas variantes del formulario para comprender diversos supuestos, según exista o no matrimonio, se trate de madre soltera o se haya solicitado cambio en el orden de los apellidos. Dicho formulario deberá incluir la firma manuscrita de sus declarantes.

Como dispone el artículo 46 en el párrafo segundo de la Ley 20/2011, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento.

El Registro Civil competente, una vez recibida y examinada la documentación, deberá practicar de modo inmediato la inscripción de nacimiento y expedir certificación literal (preferentemente electrónica) de la inscripción de nacimiento. Los documentos digitalizados y remitidos son título suficiente para practicar la inscripción del acto.

La expedición de la certificación de nacimiento tiene gran relevancia ya que conforme a la disposición adicional tercera de la Ley 19/2015, no será necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de esta certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento. Esta certificación se pondrá a disposición para su descarga por el interesado en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En el caso en el que el declarante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico en el formulario, la remisión de dicho certificado se realizará por correo postal.


¿Qué requisitos deberán cumplirse?
La citada Instrucción de 9 de Octubre, de la DGRN, que tiene como objeto establecer los procedimientos y requisitos técnicos para hacer efectiva dicha remisión con pleno respeto al Esquema Nacional de Seguridad, y a la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal, dispone que este trámite sólo podrá llevarse a cabo en aquellos centros sanitarios que previamente hayan sido registrados y autorizados por la Dirección General del Registros y del Notariado.


¿En qué casos no podrá realizarse la remisión desde el centro sanitario?
La citada orden Instrucción de 9 de octubre de la DGRN, excluye esta posibilidad en los siguientes supuestos:
– Cuando se haya superado el plazo legal de setenta y dos horas desde el nacimiento. En estos casos la solicitud de inscripción podrá formularse de forma presencial en el plazo de los diez días siguientes al nacimiento. No obstante, este plazo podría llegar a los 30 días cuando se acredite justa causa.

-Cuando la comunicación del acto inscribible requiere declaración o expediente tramitado ante el Encargado del Registro Civil. De este modo, no podrán ser comunicados desde los centros sanitarios los nacimientos cuando la declaración sea contraria a la presunción de paternidad (artículos 116 del Código Civil y 44.4 b) de la Ley 20/2011 y 184 RRC); cuando alguno de los progenitores sea menor de edad o tenga la capacidad modificada judicialmente; cuando se trate de nacimientos de hijos no matrimoniales en el caso de ausencia, fallecimiento o incapacidad del padre, la madre o ambos (artículos 120.1 y 122 del Código Civil); cuando los dos progenitores sean extranjeros de distinta nacionalidad; o cuando la madre haya renunciado al hijo (artículo 45.3 de la Ley 20/2011).

-Quedan excluidos sin que quepa la personación en el Registro Civil, los nacimientos en el caso de que se pretenda inscribir como progenitores a dos mujeres no legalmente casadas (artículo 44.5 de la Ley 20/2011 y artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida), ya que la Ley no contempla que la filiación con el segundo progenitor pueda establecerse en la inscripción del nacimiento en el Registro Civil. En estos casos se podrá efectuar la comunicación únicamente respecto de la filiación correspondiente al progenitor gestante.

Normativa:

 Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

– Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

¿Qué otras modificaciones ha introducido la Ley 19/2015?

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Garantías para reforzar el derecho de cobro

Nuestro Código Civil en su artículo 1.911 establece: <<del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros>>. Dicho artículo proclama,  en caso de incumplimiento de la obligación, la responsabilidad patrimonial universal del deudor.

 Si bien el patrimonio del deudor constituye la primera y principal garantía del derecho de crédito, conviene advertir que éste no es una verdadera y propia garantía ya que: a) el poder de agresión sobre todos los bienes presentes y futuros del deudor lo tiene todo acreedor por el mero hecho de ostentar esta posición, para hacer efectivo el valor de la prestación debida en caso de incumplimiento. b) Porque el patrimonio del deudor puede no existir, devenir insuficiente o desaparecer.

Es por ello, que el ordenamiento jurídico al amparo de la libertad de pactos del artículo 1.255 del C.c. suministra unos medios para afianzar el cumplimiento de la obligación, o dicho en otras palabras permite establecer unas garantías que aumentan la seguridad  de que el acreedor será satisfecho.

Así las cosas, en este “post” desarrollaremos, muy a grandes rasgos y con carácter general, los principales tipos de garantías existentes en nuestro ordenamiento jurídico para afianzar nuestro derecho de cobro.

GARANTÍAS PERSONALES Y GARANTÍAS REALES

Suelen distinguirse las garantías en reales y personales.

  • Los medios de garantía personal se denominan así porque es una persona física o jurídica la que garantiza el cumplimiento de la obligación de pago de otra persona.
  • Los medios de garantía real son aquellos que otorgan al acreedor el derecho a dirigirse contra cosas concretas y específicas, propias de un deudor o de un tercero e instar su venta en caso de incumplimiento de la obligación, haciéndose pago con su importe (prenda o hipoteca) o con los frutos (anticresis).

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GARANTÍAS PERSONALES

  • LA FIANZA

personal-791361_640La fianza civil ordinaria: regulada en nuestro Código civil en los artículos 1.822 a 1.856. Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. En la fianza intervienen el fiador, el acreedor y el deudor principal. Cuando  el acreedor exija al fiador el cumplimiento de la obligación, éste puede exigirle primero que se dirija contra los bienes del deudor principal, dado que la obligación del fiador es accesoria respecto a la de éste.

La fianza mercantil: Para que la fianza tenga carácter mercantil es necesario que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aunque el fiador no sea comerciante. Se regula en el Código de Comercio en sus artículos 439 al 442. Cuando el deudor es una sociedad con poca solvencia es conveniente que alguno de los socios sea fiador de todas las operaciones ya que en caso de insolvencia de la empresa estará obligado a hacer personalmente el pago de las deudas societarias. El afianzamiento mercantil aporta seguridad a las operaciones mercantiles, ya que ofrece al acreedor una garantía de cumplimiento del contrato al poder dirigirse contra los bienes del fiador si el deudor no cumple la prestación a la que se había obligado.

Característica principal de la fianza son los denominados beneficios del fiador:

  • El beneficio de excusión: 1.830 C.c. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor. Según el artículo 1.831 este beneficio de excusión no podrá realizarse: i) Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella. ii) Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor. iii) En caso de quiebra o concurso del deudor. iv) Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente en España. Conforme a los artículos 1832 y 1833 del mismo texto legal, para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de excusión, debe oponerlo al acreedor cuando este le requiera para el pago y señalarle bienes del deudor realizables dentro del territorio español que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda. Cumplido lo anterior por parte del fiador, el acreedor negligente en la excusión de los bienes señalados es responsable, hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte.
  • El beneficio de división: se aplica cuando hay una pluralidad de cofiadores, disponiendo el artículo 1837 del Código Civil que: «Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad. El beneficio de división contra los cofiadores cesa en los mismos casos y por las mismas causas que el de excusión contra el deudor principal.»
  • El beneficio de orden: un derecho que la ley otorga al fiador por el que, en caso de incumplimiento, deberá guardarse una prelación (orden) y primero reclamar al deudor principal y después al fiador.

No obstante lo anterior, el fiador puede firmar una cláusula renunciando a sus beneficios legales de excusión, de orden o división, y declararse de forma expresa obligado solidariamente responsable del pago de la deuda. En este caso estaremos ante una FIANZA SOLIDARIA, pudiendo el acreedor reclamar directamente contra el fiador. Este tipo de fianza es la que suelen solicitar las entidades financieras a prestatarios de escasa solvencia, de modo que el garante es fiador solidario del deudor principal.

  • LA FIANZA BANCARIA

Antes de nada es preciso realizar una puntualización. En el lenguaje corriente se denomina avalista a la persona que garantiza el cumplimiento de una obligación. Sin embargo en lenguaje jurídico esto no es exacto, ya que sólo existe aval en la obligación cambiaria, es decir cuando una persona física o jurídica garantiza el pago de un documento cambiario: letra, pagaré o cheque.

document-428331_640Así las cosas, en el tráfico comercial es muy frecuente que, para el buen fin de las operaciones, el proveedor pueda solicitar del cliente lo que popularmente se viene denominando “AVAL BANCARIO”, que técnicamente no es otra cosa que el afianzamiento por una entidad de crédito.  El aval bancario puede definirse como el documento por el cual una entidad financiera garantiza el buen fin o cumplimiento de las obligaciones contraídas por uno de sus clientes ante un tercero. En consecuencia, si el cliente no paga o no cumple debidamente sus obligaciones, el tenedor del aval exigirá a la entidad financiera que lo ha concedido que le abone su importe.

El aval bancario o fianza bancaria ha de ser solidario con respecto al pago, en caso que el deudor no pueda hacer frente a las obligaciones, la entidad bancaria deberá hacerse cargo del abono de las facturas. El acreedor debe exigir siempre que la cobertura sea lo más amplia posible y que las cláusulas del “aval bancario” indiquen claramente que el banco será de forma incondicional responsable solidario del pago renunciando expresamente a los beneficios de división, excusión y orden.

Lo más frecuente es que los avales bancarios tengan un plazo de validez, por lo que el acreedor deberá controlar el plazo de tiempo que cubre el “aval bancario”, puesto que llegados a la fecha de vencimiento, dicho aval dejará de tener vigencia.

La fianza bancaria más conveniente es el AVAL BANCARIO A PRIMER REQUERIMIENTO  (at first demand). Se trata de una garantía irrevocable, no condicionada, abstracta e independiente de la obligación causal garantizada. La entidad bancaria que presta este tipo de afianzamiento tiene que pagar a primera demanda, de modo que es suficiente con que se haya cumplido el vencimiento de la obligación garantizada y que el beneficiario haya exigido el pago a la entidad financiera avalista, para que ésta proceda de inmediato al pago del aval.

En el aval a primer requerimiento no es necesario para cobrar que el acreedor aporte prueba documental del impago, ni debe acreditar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del deudor avalado.

  • EL AVAL

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“Por aval de…”

Son garantías prestadas sobre títulos cambiarios, y pueden ser avalistas tanto personas físicas como personas jurídicas, sin límites en el número de avalistas.

El aval debe constar en los propios documentos de crédito firmando el avalista los pagarés, letras de cambio e incluso cheques en el lugar reservado  para ello.

El avalista responde de forma solidaria junto al deudor principal por todo el importe del título, es decir que el acreedor puede reclamar el pago al avalista directa y simultáneamente si el avalado no ha hecho efectivo el pago al vencimiento, ya que el avalista se obliga a pagar solidariamente como si fuera el propio deudor, pudiendo el acreedor acudir contra todos los bienes del moroso como del avalista, sin necesidad de que se declare previamente la insolvencia del avalado para poder reclamar contra el avalista o avalistas.

En el citado aval cabe la posibilidad de limitarlo hasta una cantidad específica.

El aval se podrá establecer un una amplia libertad de forma, hasta tal punto que una simple firma al reverso o anverso del documento cambiario se convierte en un aval en toda regla.

Para hacer el aval de una letra de cambio, al existir un modelo oficial,  en el reverso existe un apartado que indica “por aval de”, donde hay que poner el nombre del avalado y otros espacios en los que se ha de indicar la fecha del aval y nombre y domicilio del avalista al igual que su firma, si se dejase en blando el espacio “por aval de”, la ley entiende que el avalado es el aceptante de la letra.

Para el aval de un pagaré, simplemente escribir en el reverso del documento “por aval de” indicando el nombre del avalado, escribir el nombre completo y domicilio del avalista, el lugar y fecha del aval y haciendo firmar al avalista debajo de su nombre y dirección.

En el citado aval cabe la posibilidad de limitarlo hasta una cantidad específica.

El aval se podrá establecer un una amplia libertad de forma, hasta tal punto que una simple firma al reverso o anverso del documento cambiario se convierte en un aval en toda regla.

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GARANTÍAS REALES

  • LA HIPOTECA alquiler--575x323 (1)

El derecho real de hipoteca se define en el artículo 1.876 del Código Civil y en el artículo 104 de la Ley Hipotecaria. <<La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida>>.  Se regula en el Código civil entre los artículos 1.874 a 1880 y 1.857 a 1862. El artículo 1880 del Cc, actúa como norma de remisión a la vigente Ley Hipotecaria, la cual a su vez se encuentra complementada por el Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947, el cual ha sufrido a lo largo del tiempo varias modificaciones.

Caracteres

  • Es un derecho real inmobiliario: La hipoteca es un derecho real ya que otorga a su titular una inmediata potestad sobre una cosa determinada y es ejercitable “erga omnes”.
  • Es un derecho de garantía del cumplimiento de una obligación dineraria: artículos 1857 y 1858 del Cc. Es inseparable de la obligación que garantiza y en consecuencia. Produce la sujeción del inmueble hipotecado y la posibilidad de realización de su valor, mediante su venta judicial o extrajudicial.
  • Es eficaz cualquiera que sea el poseedor de los bienes: la hipoteca no coarta la facultada de disposición del dueño de la cosa. El hipotecante puede enajenar la cosa hipotecada, si bien el adquirente recibe el bien transmitido con la carga y deberá soportar, en caso de impago por el hipotecante, la realización del valor por parte del acreedor hipotecario.
  • Es de constitución registral: para su nacimiento se exige su inscripción en el Registro de la Propiedad (artículos 1875 C.c. y 145 y 149 de la LH.)
  • Indivisible: la hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada (1860 Cc y 122 LH).
  • La especialidad de la hipoteca: la nota de la especialidad, se refiere tanto a los bienes hipotecados como al crédito garantizado y en su virtud se establece que la hipoteca solamente puede recaer sobre bienes especialmente determinados y por suma o cantidad asimismo indicada.
  • Grava bienes inmuebles o derechos reales sobre inmuebles ajenos y enajenables: tal como incluyen los artículos 1874 Cc y 106, 107 y 108 de la LH. Así, en virtud del artículo 106 LH podrán ser hipotecados: los bienes susceptibles de inscripción, y los derechos reales enajenables, puestos sobre los mismos bienes.
  • Es un derecho de realización de valor: el acreedor hipotecario, puede perseguir los bienes y utilizar su derecho de realización del valor, aunque éstos hayan pasado a manos de terceras personas, tal y como se desprende de los artículos 1858 Cc y 129 LH.

Obligaciones garantizadas con hipoteca

freightliner-385677_640Tal y como expresan los artículos 1.861 del Código civil y el 105 de la Ley hipotecaria, la hipoteca <<puede asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria>>

El hecho de que la hipoteca sea un derecho de realización de valor, exige que el crédito asegurado consista en una obligación pecuniaria o que sea reducible a ella, puesto que la finca hipotecada sólo puede proporcionar dinero con su venta, sólo indirectamente puede asegurar el incumplimiento de una prestación no dineraria, al asegurar la responsabilidad derivada del incumplimiento.

Es indispensable que se fije el importe de la prestación garantizada así como sus intereses si se hubiesen pactado (art 12 LH) o en caso de la denominada hipoteca de seguridad, que se determine la cantidad máxima de que responda la finca y el plazo de duración, tal como se desprende del artículo 153 LH.

Derechos del acreedor antes del vencimiento de la hipoteca

  • Facultades de conservación del valor de los bienes hipotecados: El acreedor hipotecario dispone de los siguientes medios para evitar que se produzca ninguna merma en el valor del bien hipotecado:

                – La acción de devastación: artículo 117 LH, otorga al acreedor hipotecario, la denominada acción de devastación, en el caso de que la finca se deteriore disminuyendo de valor por dolo, culpa o voluntad del dueño, la facultad de solicitar del juez que ordene a aquel a hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño. Si el propietario insiste en su conducta perjudicial, el juez puede poner el inmueble bajo administración judicial.

                   – El vencimiento anticipado del crédito: aparece regulado en el artículo 1129.3º C.c según el cual el deudor perderá el derecho a utilizar el plazo, es decir que la deuda vencerá anticipadamente, si el deudor no sustituye inmediatamente las garantías disminuidas o desaparecidas por otras nuevas e igualmente seguras.

                      – Dentro de los procedimientos concursales al acreedor hipotecario además le asiste un doble derecho: el de abstención y el de ejecución separada.

  • Los derechos de preferencia y de prioridad del acreedor hipotecario:

– Preferencia del crédito hipotecario: es la facultad que tienen determinados acreedores para cobrar con preferencia a otros sobre un bien o bienes del deudor común y, en consecuencia, una derogación del principio de igualdad de los acreedores, que tiene su razón de ser en la naturaleza del crédito.

– La prioridad y el rango hipotecario: para establecer el orden entre las diferentes hipotecas se acude a la regla “prior tempore potior iure”, que viene a decir que el primero en el tiempo tiene un derecho más fuerte. De este modo la prioridad la determina la fecha de inscripción de la hipoteca en el Registro. La prioridad afecta a las hipotecas en el sentido de que las más antiguas tienen preferencia sobre las más modernas.

La acción real y la acción personal en la ejecución hipotecaria.

Una vez vencido el crédito, si el deudor no lo satisface, el acreedor hipotecario puede ejercitar el derecho de realización del valor a través de la enajenación del objeto gravado, para obtener con su importe la cantidad que le es debida.

Es preciso distinguir dos elementos: el crédito y la hipoteca con carácter accesorio respecto del otro. En el aspecto de la efectividad, el elemento del crédito origina la correspondiente acción personal, que conduce a la realización dineraria sobre los bienes del patrimonio del deudor (artículo 1911).

Del elemento garantizador de la hipoteca, deriva la correspondiente responsabilidad real, la cual se consigue por el ejercicio de la acción hipotecaria, de carácter real y hecha valer a través de una variedad de procedimientos de ejecución.

Las principales diferencias entre ambos tipos de actuaciones son:

  • La acción personal se dirige contra el deudor u obligado personalmente; la acción real hipotecaria se dirige contra los bienes.
  • La acción personal se dirigirá contra cualquiera de los bienes del patrimonio del deudor (artículo 1911 Cc <<del cumplimiento de la obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros)
  • Mediante la acción personal se solicita al Juez que se dicte una sentencia de condena al cumplimiento de una obligación dineraria, cuyo cumplimiento forzoso tendrá lugar en los trámites de ejecución de la sentencia de condena; la acción hipotecaria persigue una actividad procesal para obtención de una suma de dinero mediante la enajenación por precio de la cosa hipotecada.
  • La acción real hipotecaria prescribe a los veinte años (artículo 1964 XX y 128 LH <<la acción hipotecaria prescribe a los veinte años contados desde que pudo ser ejercitada>> y la acción personal prescribe a los quince años (artículo 1964 Cc)

La hipoteca se extingue por: a) La extinción del crédito cuyo cumplimiento o garantiza; b) por la extinción del derecho real en que consiste la propia hipoteca (destrucción del bien dado en garantía inmobiliaria, expropiación forzosa, consolidación, etc.

 

Cancelación de la hipoteca

La hipoteca es un derecho real de constitución registral, por lo que su cancelación económica deberá de ser acompañada por el asiento de cancelación en el Registro de la Propiedad, tal como se indica en el artículo 144 de la Ley Hipotecaria.

El artículo 76 LH establece con carácter general que las inscripciones, en cuanto a terceros, no se extinguen sino por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito en favor de otra persona.

  • LA PRENDA

La prenda (o pignoración) es otro derecho real de garantía que puede constituir el acreedor sobre un bien mueble para asegurar el pago de una deuda y que no puede ser incluido en los supuestos de hipoteca mobiliaria.

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  • Es convencional: surge entre las partes, no hay prenda legal, ni judicial.
  • Es especial: se debe mencionar el importe del crédito y una designación detallada de la cosa.
  • Es un derecho real; se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona.
  • Se ejerce sobre bienes muebles y sobre deudas activas.
  • Es indivisible.

El objeto de la prenda debe ser una cosa mueble presente, determinada o determinable y que sea susceptible de comercio (artículo 1.271, 1.273, 1.861, 1.864 del Código Civil). Respecto de las cosas futuras sólo cabe promesa de prenda porque no puede ser entregada y que carece de las virtudes de los derechos reales (artículo 1.863 y 1.864 en relación con el 1.862 CC). Con carácter general, en este punto tener en cuenta los casos especiales en que la rentas se consideren como muebles del artículo 336 CC, puesto que no sería posible la prenda sino otra forma de garantía.

Bienes que pueden ser objeto de prenda

Sobre la identificación de los bienes que pueden ser objeto de prenda, inicialmente sólo se admitió a los bienes muebles corporales. Por la configuración histórica de este derecho, materializada por el artículo 1.864 CC. Sin embargo, la interpretación literal de este artículo se ha ido flexibilizando. A partir del artículo 1.868 CC que prevé “Si la prenda produce interés…”, se intuía una posibilidad de reconocer a la prenda un objeto distinto de los bienes muebles corporales. Se admitió así la prenda sobre créditos titulizados, con base documental. Así expresamente se reconoce la prenda de derechos de valores cotizables en el artículo 1.872 CC, pero también en el artículo 106.1 y 132 de TRLSC, si bien debido a la densidad de la materia esta posibilidad no será desarrollada en este post.

Hay diferentes formas de constituir la garantía real que se pretende: La prenda ordinaria, la prenda sin desplazamiento. Cada una de estas tiene sus características y efectos diferenciados, tal y como señala la Dirección General del Registro y Notariado (RDGRN 18 de marzo del 2008 entre otras), son garantías diferentes.

La prenda ordinaria: La prenda ordinaria exigiría la traslación posesoria del bien objeto de garantía (1.863), si bien este requisito de traslación se ha ido flexibilizando. Así La prenda ordinaria se constituye con el único requisito de forma de traslación material de la cosa, el cual puede sustituirse por una traditio ficta realizada por medio de la comunicación efectiva al deudor.

Nuestro Código civil refuerza la exigencia de forma para que la prenda ordinaria sea oponible a terceros: exige la constancia en documento público de la fecha de constitución (1.865 CC). Si bien, es un requisito de eficacia y no de constitución.

En cuanto a la concurrencia de créditos, el crédito garantizado con prenda ordinaria, oponible a terceros goza de la preferencia general del artículo 1.922 y 1.924 CC.

 

La prenda sin desplazamiento: la principal diferencia que aporta la Prenda sin desplazamiento strictu sensu es que se puede inscribir en el Registro de Bienes Muebles.

Sobre los requisitos de constitución de la Prenda sin desplazamiento, requiere la constitución de en documento público. Esta se puede hacer por escritura pública o por póliza intervenida. La póliza tiene el beneficio de la no sujeción del impuesto de actos Jurídicos Documentados.

Sobre la procedencia de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles es preciso añadir que,  la consideración de que estamos ante una garantía real, que lleva implícito la repersecución del bien objeto de garantía, y por lo tanto la sujeción del mismo a la satisfacción del crédito garantizado. Esta eficacia real sólo puede alcanzarse con un sistema de publicidad registral con efectos frente a terceros y con un procedimiento ágil de realización del bien. En este sentido, la única forma de asegurar un rango entre acreedores y evitar conflictos de preferencias, es acudir a la publicidad registral con fuerte efectos frente a terceros. Esto es el Registro de Bienes Muebles basados en principios propios de los Registros Inmobiliarios (inoponibilidad, fe pública, legitimación, prioridad).

 

Realización de la garantía.

Con carácter general respecto a la prenda cabe el procedimiento notarial de ejecución del artículo 1872 sin necesidad de pacto alguno, o bien el del 322 de CdeCom en caso de prenda sobre valores negociables. Y caben, además, los procedimientos prevenidos en la LEC, bien sea el declarativo ordinario, bien el ejecutivo ordinario, bien el de ejecución de bienes especialmente hipotecados o pignorados de los artículos 681 y ss. LEC.

La principal limitación para al acreedor que se establece en estas garantías reales es la prohibición de apropiación por el acreedor de los bienes sujetos a garantía. Esa prohibición es lo que se llama Pacto Comisorio, y se consagra como un elemento característico de las garantías reales de prenda e hipoteca.

 

Fuentes:

-“Nota Informativa sobre la Instrucción emitida por la Dirección General de Registros y el Notariado de fecha de 12 de mayo del 2012, en la sección de Novedades Mercantil de su web oficial. Mayo 2012.

Pignoración y prenda de créditos”. Sección publicaciones de la web elderecho.com

“Algunas consideraciones sobre avales y garantías”. Sección publicaciones Banco de España www.bde.es

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¿Cómo reclamar una deuda?

Debido a la inestabilidad global de la situación económica, resulta cada vez más frecuente para particulares, autónomos y empresas  que algunos de sus clientes dejen de pagarles  cantidades que les deben, pudiendo llegar a comprometer su situación de liquidez e incluso la continuidad de sus operaciones en el tráfico mercantil.

Como despacho de abogados nuestra obligación es velar por los intereses de nuestros clientes intentando facilitarles el rango más amplio de soluciones para sus problemas. Es por ello que la finalidad de este post no es otra que la de informar, con carácter general,  de cuáles son las vías de reclamación y los pasos que se deben seguir para que los acreedores puedan llegar a ver satisfecho su crédito.

  1. Paso previo: averiguación de la solvencia del deudor.

Con el fin de analizar la viabilidad de la reclamación es preciso llevar a cabo con carácter previo,  una exhaustiva investigación del patrimonio del deudor, bien se trate de un particular o de una entidad mercantil. En este último caso, y en función de las conclusiones de solvencia de la sociedad extraídas por el abogado profesional, se investigará también el patrimonio de los administradores de la mercantil.

  1. Negociación extrajudicial y requerimiento de pago al deudor.

Antes de iniciar cualquier procedimiento judicial es preciso intentar agotar la vía de la negociación extrajudicial con el deudor para que liquide la deuda. Para ello lo aconsejable es contar con la asistencia de un abogado especializado ya que su intervención suele llevar aparejada una predisposición a la resolución amistosa de la controversia, ante la posibilidad de que el acreedor pueda llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes para la defensa de su derecho.

 En este sentido es necesario poner de manifiesto que generalmente la predisposición a negociar del deudor suele depender de un fraccionamiento de pago del montante o bien de una quita en su importe.

Si  de ese primer contacto no recogiésemos los frutos esperados, el siguiente paso que debemos dar para reclamar de forma amistosa una deuda es el requerimiento de pago.

Este requerimiento de pago es una comunicación remitida por el acreedor al deudor para exigirle el pago de la cantidad que adeuda, y  en la que deben constar necesariamente: la fecha del requerimiento, los datos del acreedor, todos los datos de que se dispongan del deudor, así como todos los aspectos relativos a la deuda, es decir, su origen, su cuantía, plazo de vencimiento, si la misma lleva aparejada algún gasto por intereses, etc. Asimismo, es preciso conceder un plazo al deudor en el que debe satisfacer la deuda indicando su forma de pago, y advirtiéndole que de no responder o efectuar el pago en período indicado se procederá contra él judicialmente.

Entrando en cuestiones formales, es de vital importancia que este requerimiento sea fehaciente, es decir, debe quedar constancia de la fecha de  envío y recepción, así como del contenido del requerimiento. Es por ello  que la forma más utilizada para efectuar un requerimiento sea a través de burofax con certificación de contenido.

  1. Vía judicial

Bien es cierto que la mejor manera para cobrar es la amistosa, pero existen infinidad de casos en los que además de perder el dinero, también se pierde la amistad o el cliente. En esta línea, las citaciones judiciales no son plato de buen gusto para nadie pero cuando hemos visto frustrados todos nuestros intentos de cobro por vía amistosa, la única posibilidad que nos queda es la de interponer la correspondiente demanda de reclamación de cantidad ante los tribunales.

En función de cómo tengamos documentada la deuda (que deberá ser dineraria, estar vencida y ser exigible), de su importe, y otros factores como la previsible actitud del deudor, podremos acudir a tres distintos tipos de procedimientos: el procedimiento monitorio, el procedimiento declarativo (verbal u ordinario) y el procedimiento cambiario.  

  • Procedimiento monitorio.

El juicio monitorio es un procedimiento especial previsto para reclamar cantidades con un límite máximo de 250.000 euros cuando la deuda conste en un documento contable (factura o presupuesto firmado por el deudor). Es imprescindible la existencia de este documento que acredite la existencia de la deuda.

El proceso se inicia presentando un escrito normalizado de solicitud de procedimiento monitorio ante el Juzgado de primera instancia en el que radique el domicilio del deudor.  Una vez admitida a trámite la demanda se requiere al deudor para que se oponga o pague. Si hay oposición del deudor el procedimiento monitorio se transformará en verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada. Si bien puede ocurrir que el deudor se abstraiga de la acción de la justicia, no oponiéndose ni pagando, en cuyo caso el procedimiento finalizará por decreto en que se reconocerá la cantidad adeudada, siendo necesario interponer la correspondiente demanda ejecutiva interesando la ejecución y embargo del deudor.

Es preciso añadir que esta vía es muy utilizada para la reclamación de deudas de menor cuantía, no siendo necesaria la intervención de abogado ni procurador en reclamaciones de importe hasta 2.000 euros.

  • Procedimiento declarativo (verbal u ordinario)

El procedimiento declarativo se tramitará por los cauces del juicio verbal cuando la cuantía de la deuda no exceda de los 6.000 euros, si bien existen otras materias que deben tramitarse a través de este procedimiento con independencia de la cuantía.

El procedimiento declarativo se tramitará por los cauces del juicio ordinario cuando se reclamen cantidades superiores a los 6.000€.

En ambos casos, la resolución tendrá efectos meramente declarativos, siendo necesaria la posterior interposición de la demanda ejecutiva para el embargo de los bienes del deudor.

  • Procedimiento cambiario

Es un procedimiento judicial reservado para aquéllos supuestos en los que existe una deuda devengada del impago de un  título valor de los previstos en la Ley 18/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, es decir, de una Letra de cambio, de un cheque o de un pagaré.

El juicio cambiario comienza mediante demanda sucinta a la que se acompañará la letra de cambio, el cheque o el pagaré respectivo, hasta tal punto ello es así, que sólo procederá si al presentar la citada demanda se adjunta el título cambiario en cuestión.

El órgano judicial analizará la corrección formal del título presentado, de acuerdo con las normas de la Ley Cambiaria y del Cheque, es decir, comprobará que la letra de cambio, el cheque o el pagaré se han cumplimentado conforme a ésta, o en otras palabras, que el mismo tenga una información mínima tal como fecha de emisión, de vencimiento, identificación de las partes, entre otros específicos para cada título valor.

Encontrándolo conforme dictará una resolución en la que adoptará las siguientes medidas:

  • Requerir al deudor para que, en el plazo de diez días, pague la cantidad que resulte de la letra de cambio, el pagaré o el cheque respectivo.
  • Embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que resulte del título, más una adicional destinada a cubrir los intereses de demora y gastos, incluyendo en estos últimos los derivados de la tramitación del procedimiento.

Una vez realizado el requerimiento de pago al deudor, éste puede adoptar las siguientes posturas:

  • Pagar: En este caso, se pondrá la cantidad correspondiente a disposición del acreedor, se entregará al deudor (como justificante del pago realizado) el título cambiario presentado y, en su caso, se dará por finalizada la ejecución. Los gastos derivados del procedimiento serán de cargo del demandado.
  • Oponerse: El deudor, en los diez días siguientes al requerimiento, podrá oponerse a la reclamación del acreedor, oposición que se ha de fundar en alguno de los motivos tasados previstos en la referida legislación.

De este escrito se dará traslado al acreedor, citando a las partes para una vista a presencia judicial, con indicación del día y hora, advirtiéndoles que han de concurrir con los medios de prueba de los que intenten valerse, así como de los efectos de su incomparecencia.

Si a la citada vista no comparece el deudor, el tribunal considerará abandonada su oposición y procederá a despachar ejecución por las cantidades reclamadas; si el que no comparece es el acreedor, el órgano judicial resolverá sin oírle.

  • Ni paga ni se opone: Se despacha ejecución por las cantidades reclamadas y se traba embargo sobre los bienes del deudor, si no se hubiere hecho con anterioridad o se hubiese levantado.

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Por último indicar que,  en caso de reclamación a una entidad mercantil, y que para el caso de que ésta no cuente con las evidencias de solvencia para hacer frente a la deuda y siempre que existan indicios de que los administradores han incurrido en algún supuesto de responsabilidad, se planteará contra éstos el procedimiento que se estime oportuno, con el objetivo de cobrar la deuda a cuenta del patrimonio de éstos, bien sea por vía civil o incluso penal si hubiese además indicios de delito.

Si el impago de las facturas de algún cliente moroso te está quitando el sueño, contacta con nuestro despacho sin compromiso. Te ayudaremos a recuperar la mayor cantidad posible de todo el montante adeudado.

 

 

 

 

 

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Formas de adquirir la nacionalidad

Cuestiones previas

Atendiendo a la definición más extendida, podemos decir que la nacionalidad es el vínculo que una a cada persona con un Estado determinado, y en cuya virtud se halla sometido a su régimen jurídico.  En este sentido, es especialmente significativa la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de 6 de abril de 1955 (asunto Nottebohm) que define el término de la siguiente manera:

<<La nacionalidad es un vínculo jurídico que tiene por fundamento un hecho social
de relación; una solidaridad efectiva de existencia, de intereses, de sentimientos, junto a una reciprocidad de derechos y deberes. Es, se puede decir, la expresión jurídica del hecho de que el individuo al que le ha sido otorgada, bien de modo directo por la ley, bien mediante un acto de autoridad, está de hecho más íntimamente unido a la población del Estado que se ha conferido que a la de cualquier otro>>

  • De la condición jurídica de extranjero: En contraposición al nacional se encuentra el extranjero. Así las cosas, quienes carecen de nacionalidad española son extranjeros, pero estos pueden tener una nacionalidad distinta a la española (por ejemplo, francesa), o bien pueden no tener ninguna nacionalidad (situación de apatridia).

Los Ordenamientos jurídicos modernos establecen el principio de equiparación o igualdad entre nacionales y extranjeros. En este sentido, nuestro Código civil en su artículo 27 declara <<los extranjeros gozarán en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los tratados>>,  si bien resulta palmario que no pasa ser una simple igualdad formal.  En relación a lo anterior, obsérvese que nuestra Carta Magna dice en su artículo 13.1 que <<los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I (de los derechos y deberes fundamentales) en los términos que establezcan los tratados y la ley>> añadiendo posteriormente <<solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (participación directa o mediante sufragio en los asuntos públicos, y derecho a acceder a las funciones y cargos públicos).


Modos de adquirir la nacionalidad española.

La Ley de reforma de 1990 establece las siguientes formas de adquirir la nacionalidad:

  1. a) Adquisición originaria: se adquiere la nacionalidad por el hecho de nacer de padre o madre español (iure sanguinis) o en territorio español (iure soli).
  2. b) Adquisición derivativa: se adquiere la nacionalidad voluntariamente mediante el ejercicio del derecho de opción (art.20) o por la naturalización: por carta de naturaleza o por residencia (art 21), y por adopción (art. 19).flags-831819_640

Es preciso resaltar que, la regulación de la adquisición de la nacionalidad, igual que la conservación y pérdida de la misma, únicamente puede hacerse mediante ley ordinaria, en virtud de lo establecido en el artículo 11.1 de nuestra Constitución.

La nacionalidad española se adquiere por filiación, por nacimiento en el territorio, por adopción, por opción, por carta de naturaleza y por residencia.


Adquisición por filiación:

Son españoles de origen, según lo establecido en el art. 17.1.a) de nuestro C.c, los nacidos de padre o madre españoles. Es suficiente que sea español cualquiera de los dos, el padre o la madre, al tiempo del nacimiento.

 La atribución de la nacionalidad no depende del lugar de nacimiento (dentro o fuera de España), de ahí que, si son desconocidos los padres y el hijo ha nacido en el extranjero, desde el mismo instante en que conste legalmente determinada la filiación respecto del padre o la madre español o española, el hijo automáticamente adquiere la nacionalidad española con efecto retroactivo. Esta atribución solo opera respecto al hijo menor de dieciocho años, puesto que si la filiación se determina después de haber alcanzado esta edad, se otorgará el derecho a optar pero no se produce la adquisición automática.


Adquisición por nacimiento en el territorio:

Es la atribución de la nacionalidad por derecho de suelo, por haber nacido en territorio (suelo) español junto con otros requisitos.

Respecto al nacimiento en buques y aeronaves con pabellón español hay que tener en cuenta el dato de la naturaleza militar o mercante de los mismos y, además, ponerlo en relación con la consideración de las aguas y el espacio aéreo sujeto a la soberanía del Estado español y de los demás Estados.

Son españoles de origen, en consideración al “Ius soli” (art. 17)

  • Los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España, salvo los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. ¿Por qué se excluye a los hijos de funcionario diplomático? Por la falta de arraigo en España, y por cortesía internacional de no atribuir la nacionalidad del país a los hijos de diplomáticos que nazcan en el territorio español.
  • Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos careciesen de nacionalidad (apátridas) o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
  • Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en España los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español.

Adquisición por adopción:

El artículo 19.1 de nuestro Código civil establece “el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen”.  Por tanto, adquisición automática desde el momento en que la adopción ha quedado jurídicamente perfeccionada, lo que tiene lugar con la aprobación judicial (176.1 C.c.).


Adquisición por opción:

Es un beneficio singular que se  atribuye a determinadas personas para que mediante un acto de voluntad (declaración o petición), formulado en tiempo y forma, opten por la nacionalidad española.

    El art. 20 del C.c. en su inciso primero establece tres supuestos de opción:

A)Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.

b)Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.

c) El adoptado mayor de dieciocho años, en el plazo de dos años a contar desde la constitución de la adopción (se sigue el criterio de no imponer la nacionalidad española a personas que por su edad y circunstancias no deseen adquirirla).


Adquisición por carta de naturaleza:

Esta forma de adquisición de la nacionalidad se produce por concesión discrecional del Estado, previa solicitud del interesado y siempre que él concurran <<circunstancias excepcionales>>. La nacionalidad será otorgada mediante Real Decreto. (Art. 21.1 C.c.)

La concesión de la nacionalidad caduca a los 180 días siguientes a su notificación, si en el plazo el interesado no comparece ante el funcionario competente para cumplir con los requisitos del art. 23 C.c.

El Real Decreto de concesión de la nacionalidad podrá ser impugnado si se han violado las normas sustantivas del procedimiento, pero además por la vía del art. 25.2, tras la obtención de sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad.

Contenido de la Solicitud. Deberán  constar:

  • Menciones de identidad, lugar y fecha de nacimiento del solicitante, su nacionalidad actual. En el caso de estar casado, los datos del cónyuge.
  • Los hijos menores si los tuviese.
  • Dónde tiene fijada su residencia y el domicilio a efecto de notificaciones.
  • Puede expresar también la vecindad civil por la que optaría en caso de que se concediera la nacionalidad española (art. 15 Cc.).
  • En su caso, el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior y de prestar juramento o promesa de fidelidad y de obediencia a la Constitución y a las Leyes. Quien adquiere la nacionalidad española ha de declarar que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Por tanto, si quien adquiere la nacionalidad es sefardí y nacional de algún país iberoamericano, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, no debe renunciar a su nacionalidad anterior, pudiendo mantener ambas nacionalidades, la anterior y la española.

Documentos necesarios para la tramitación (arts. 220 y 221 RRC).

* Documentación general:

  • Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido.
  • Certificado de antecedentes penales de su país, traducido y legalizado
  • Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes español, o autorización expresa para poder solicitarlo de oficio (si el solicitante reside en España).
  • Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido.
  • Si el cónyuge es español, certificado literal de nacimiento del mismo. · Otros documentos que el interesado considere oportunos.

 * Documentación específica que acredite las circunstancias excepcionales invocadas:

  • Los hechos y circunstancias se acreditarán por cualquier medio de prueba adecuado admitido en derecho y que el interesado estime oportunos.
  • En el caso concreto de los sefarditas se requerirá el Certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, que acredite la condición de sefardí del interesado.

Adquisición por residencia

El art. 21.2 del C.c. establece que <<la nacionalidad española se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministerio de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional>>

Se requiere que el solicitante haya residido en España en tiempo inmediatamente anterior a la petición durante los plazos siguientes:

  • Diez años sin más requisitos.
  • Cinco años, cuando se trate de personas que hayan obtenido asilo o refugio en España.
  • Dos años, cuando se trate de nacionales de origen de países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de Sefardíes.
  • Un año, cuando el solicitante:
    • El que haya nacido en territorio español.
    • El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
    • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
    • El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
    • El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho. El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españ

En todos los casos la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. “Continuada”  quiere decir que no sea interrumpida; y no se interrumpe la residencia en España porque se hagan viajes esporádicos al extranjero (por vacaciones, visitas familiares, negocios…). Por tanto, si la residencia se interrumpe antes de la solicitud, no cabe plantear la petición, aunque con anterioridad se hubiere cumplido el tiempo de residencia.

 Quienes pueden solicitarla

  • El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.
  • El mayor de 14 años asistido por su representante legal.
  • El representante legal del menor de 14 años
  • El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitació

 Documentos que han de acompañar a la solicitud en todo caso

  • Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la Subsecretarí
  • Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
  • Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o consular de conducta.
  • Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba).
  • Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.

Trámites posteriores a la obtención de la nacionalidad

Una vez firmada la resolución mediante la cual se otorga la nacionalidad, se procederá por parte del Registro Civil a inscribir como español al que le ha sido concedida la nacionalidad. Es decir, a practicar el asiento del nacimiento, para a continuación expedir “la partida de nacimiento en extracto” necesaria para la solicitud del DNI.

Es preciso tener muy en cuenta el plazo de caducidad de ciento ochenta días desde la notificación de la concesión de la nacionalidad, plazo en el cual como se ha dicho, el interesado deberá comparecer ante el funcionario competente para cumplir con los trámites establecidos en el art. 23 de nuestro Código civil. La omisión de dicho trámite traerá como consecuencia que debamos iniciar nuevamente el proceso para obtener la nacionalidad española.

Finalmente cuando hemos obtenido nuestro DNI, deberemos de comunicar dicho cambio a aquellos organismos o entidades con las que tenemos relación para que consten nuestros datos de una manera correcta, como por ejemplo, la Seguridad Social, Agencia tributaria o entidades bancarias.

ACTUALIZACIÓN (9/11/2015)

Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

ACTUALIZACIÓN (12/11/2015)

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se dictan normas sobre la gestión y el pago de la tasa por la presentación de solicitudes en procedimientos de nacionalidad española por residencia y carta de naturaleza para sefardíes originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la tasa e instrucciones.

ACTUALIZACIÓN (13/11/2015)

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización