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Nuevos formularios para la comunicación de los certificados de eficiencia energética de edificios existentes y edificios de nueva construcción en Galicia.

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¡Adiós, Ley 30/1992!

Con la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, decimos adiós a la famosa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Como decía Miguel de Unamuno “el progreso consiste en renovarse”, si bien esta reforma ha sido calificada de poco innovadora, pues la mayor parte de los artículos reguladores del Procedimiento Administrativo son idénticos a los de la Ley 30/1992, como es el caso de las causas de nulidad y anulabilidad, la revisión de los actos administrativos, los recursos de alzada y reposición o el extraordinario de revisión.

Una de las razones que ha servido para justificar la derogación de la Ley 30/1992 (y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público) y su sustitución por las mencionadas leyes 39/2015 y 40/2015 es el impulso definitivo a la Administración electrónica. De esta manera en la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se recoge: “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”. No obstante, debemos tener en cuenta que parte de la nueva normativa, como es el Registro electrónico de apoderamientos, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo único electrónico, no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre de 2018.

La Ley 39/2015 es una clara heredera desde el punto de vista dogmático de los principios de la Ley 30/1992, y en aquellos aspectos procedimentales que han quedado incluidos en ella, no obstante, ha introducido algunas novedades que serán objeto de mención:

  1. Capacidad de obrar: la Ley extiende el reconocimiento de la capacidad de obrar a los grupos de afectados, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando una Ley así lo declare expresamente.
  2. Representación de las personas interesadas: se podrán acreditar mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Asimismo, en materia de representación establece nuevos medios para acreditarla en el ámbito de la Administraciones públicas: apoderamiento <<apud acta>> efectuado por comparecencia, personal o electrónica, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente.
  3. Identificación y firma electrónica: como una de las novedades más importantes de la Ley, se distingue entre identificación y firma electrónica, simplificándose los medios para acreditar una u otra. Con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) formular solicitudes; b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones; c) interponer recursos; d) desistir de acciones; e) renunciar a derechos.
  4. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: se establece que, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas; b) Las entidades sin personalidad jurídica; c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que se realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha activad profesional; d)Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; e) Los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
  5. Cómputo de plazos: como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto “desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días”. Asimismo, en aras de la necesidad de unificar los criterios administrativos y judiciales, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que los sábados son inhábiles, al igual que los domingos y los declarados festivos. Por otra parte, la Ley 39/2015 aclara la expresión “de fecha a fecha”, indicando que el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente o aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
  6. Notificaciones electrónicas: las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso al contenido de la notificación. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Los interesados dispondrán de nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado. No obstante lo anterior, el artículo 42 regula la práctica de notificaciones en papel, estableciendo que deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas en forma voluntaria. Cuando la notificación se practique en papel, y haya que efectuar un segundo intento, si el primer intento de notificación se ha realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de tres horas entre ambos intentos de notificación.
  7. Procedimiento administrativo común: se regula la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que las Administraciones Públicas pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Asimismo, se establece que, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constará únicamente de los siguientes trámites: A)Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; B) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso; c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. D) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. E) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. F) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. G) Dictamen del Consejo de Estado y órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. H) Resolución. En el caso de que el procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto anteriormente, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
  8. Expediente electrónico: Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su formato electrónico y los documentos que deben integrarlo.
  9. Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial: entre las principales novedades del procedimiento administrativo común, destaca que la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial regulados en la Ley 30/1992 como procedimientos especiales en títulos separados, ahora se configuran como especialidades del procedimiento administrativo común.
  10. Ejecución: se establecen excepciones a la regla general de que los actos son inmediatamente ejecutivos. Por otra parte, se establecen medios electrónicos para las obligaciones de pago.
  11. Revisión de actos en vía administrativa: se establece un plazo de seis meses para la resolución del procedimiento revisión de oficio. Se limita al plazo de prescripción la revocación de actos de gravamen o desfavorables. Por otra parte, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo, y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Se establecen causas de inadmisión para interponer recursos administrativos.
  12. Desaparición de las reclamaciones previas a la vía civil y a la vía laboral: se suprimen la exigencia de interponer reclamaciones administrativas con carácter previo a la interposición de una demanda contra la Administración en vía civil o ante la Jurisdicción social.
  13. Se regula la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas: se incluye la participación de la ciudadanía en su elaboración y tramitación. Asimismo, establece que las Administraciones Públicas deberán divulgar un Plan Anual Normativo en el que recogerán todas las propuestas con rango de ley o reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.

Derogación normativa:

Además de la referencia genérica a las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

f) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.

g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.


Modificaciones normativas:

La Ley modifica las siguientes normas:

  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica: se incluye un nuevo apartado 11 en el artículo 3 con la siguiente redacción: «11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos».
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se modifican los siguientes preceptos: artículo 64 (Excepciones a la conciliación o mediación previas); artículo 69 (Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social); artículo 70 (Excepciones al agotamiento de la vía administrativa);artículo 72 (Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa); artículo 73 (Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social); artículo 85 (Celebración del juicio); artículo 103 (Presentación de la demanda por despido) y artículo 117 (Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial).
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Procedimiento de recaudación de recursos no tributarios y aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.

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Nueva composición del N.I.F de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica

El pasado 16 de enero ha entrado en vigor la Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

Como se ha indicado en anteriores publicaciones, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, ha configurado como contribuyentes de dicho impuesto a las sociedades civiles, cuando tienen personalidad jurídica y objeto mercantil. Como consecuencia de ello, ha sido necesario  llevar a cabo la modificación del artículo 3 de la a Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, de esta manera:

Para las entidades españolas, el número de identificación fiscal comenzará con una letra, que incluirá información sobre su forma jurídica de acuerdo con las siguientes claves:

A. Sociedades anónimas.

B. Sociedades de responsabilidad limitada.

C. Sociedades colectivas.

D. Sociedades comanditarias.

E. Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves. (Se incluyen otras entidades sin personalidad jurídica, que también se incluyen en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y no disponen de clave específica.)

F. Sociedades cooperativas.

G. Asociaciones

H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

J. Sociedades civiles ( se mantiene la clave “J” para las sociedades civiles sin distinción entre con y sin personalidad jurídica).

P. Corporaciones Locales.

Q. Organismos públicos.

R. Congregaciones e instituciones religiosas

S. Órganos de la Administración del estado y de las Comunidades Autónomas.

U. Uniones temporales de Empresas

V. Otros tipos no definidos en el resto de las claves.

Consultar Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

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Modificación de la Orden HAP/2194/2013, por la que se regulan la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas

El pasado día 21, el BOE publicó la Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,  por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, ampliando  el ámbito objetivo de aplicación a la presentación de determinadas declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución. Así:

  • Modifica el título de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, que pasa a denominarse «Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.»
  • Se modifica el apartado 2 del artículo 1, añadiéndose para su presentación telemática mediante certificado digital o sistema Cl@vePIN, los modelos que detallamos a continuación:
    • Modelo 308: “Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA, artículo 21.4.º de la Ley del IVA y sujetos pasivos ocasionales”
    • Modelo 309: “Declaración-Liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
    • Modelo 341. “Solicitud de reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca”.
    • Modelo 568: “Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio”.
    • Modelo 576. “Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Declaración-Liquidación”.
  • Se añade el inciso 4º al artículo 1, que señala que la citada orden es de aplicación a los modelos 030 (declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o de variación de datos personales) y 140 (impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducción por maternidad. Solicitud de abono anticipado y comunicación de variaciones). Asimismo se regula el procedimiento general para su presentación.
  • Se modifica el apartado b) del artículo 2, por el que se establece la presentación mediante papel impreso generado exclusivamente a través de la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria en su Sede Electrónica, al modelo 309.
  • Por último, se añade una disposición adicional, mediante la cual se ha introducido el pago de deudas en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de tarjeta de crédito o débito, con el objeto de simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La citada Orden ha entrado en vigor hoy día 22 de diciembre, y será de aplicación:

  • Respecto de las autoliquidaciones objeto de la misma cuyo período de liquidación se inicie a partir del 1 de enero de 2016.
    • No obstante, la presentación del modelo 309 en papel impreso generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria en su se electrónica, será aplicable desde el 1 de febrero de 2016.
  • Respecto a las declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución objeto de la misma cuyo plazo reglamentario de presentación se inicie a partir del 1 de enero de 2016.
  • Respecto a los pagos con tarjeta en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a partir del 1 de julio de 2016.
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Nuevo modelo 145

Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

Mediante esta Resolución, que surtirá efectos en relación con las comunicaciones de datos al pagador, o de variación de los datos previamente comunicados, que deban efectuarse a partir del 18 de diciembre 2015, se sustituye el modelo 145 a que se refiere el artículo 88 del Reglamento del IRPF, aprobado por la Resolución de 18 de diciembre de 2014.

A través de esta Resolución, en el apartado 1 del modelo 145 de «Datos del perceptor que efectúa la comunicación», se ha incluido un nuevo subapartado relativo a la obtención, por parte del trabajador, durante los cinco períodos impositivos anteriores, de rendimientos con período de generación superior a dos años que se hayan beneficiado de la reducción contemplada en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, pero dicha reducción no haya sido finalmente aplicada por el trabajador en su correspondiente autoliquidación del impuesto.

(En el anexo a la Resolución encontraréis el modelo completo)

(En el anexo a la Resolución encontraréis el modelo completo)


El modelo 145 de Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador es el modelo  que debe ser cumplimentado por el trabajador con sus circunstancias personales y familiares para que el pagador le aplique la retención correspondiente.

Si tenéis alguna duda en relación al nuevo modelo 145 de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador no dudéis en consultarnos.

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Modificaciones en los modelos 190 y 390

El BOE del pasado 18 de noviembre publicó la Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifica la orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley 26/2014, de 27 de noviembre y el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, se producen cambios en los diseños físicos y lógicos en el modelo 190, y se modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la consideración de grandes empresas, así como la hoja interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184.

Esta competencia para aprobar modelos y sistemas normalizados de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas se encuentra establecida en el artículo 98.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Asimismo, la regulación de la presentación telemática de autoliquidaciones y declaraciones tributarias se encuentra recogida en el artículo 98.4 de la LGT.

  • Modelo 190:
    • Se introducen subclaves, dentro de las claves A y B, para las percepciones en concepto de incapacidad laboral abonadas directamente al trabajador por alguno de los regímenes públicos de la Seguridad Social o Clases Pasivas, o en su caso, por la respectiva Mutua colaboradora de la S.S.
    • Dentro de la clave G, correspondiente a rendimientos de actividades profesionales, se crean subclaves para las percepciones abonadas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2015 cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior sea inferior a 15.000. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta que se satisfagan o a partir del 12 de julio de 2015, será, con carácter general, del 15%.
    • Se introducen nuevas posiciones (22 a 25) dentro de la clave L, correspondiente a las rentas exentas relativas a las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos, etc. Asimismo, en la clave L, se consignaran las ayudas concedidas a víctimas de la violencia de género. Por último, en cuanto a los rendimiento en especie, modificados en la Ley 26/2014, que ha catalogado como retribuciones en especie exentas determinados supuestos que hasta  la modificación se consideraban rentas no sujetas y que por tanto, no se incluían en el modelo 190, siendo necesario incluir una nueva subclave para reflejar este tipo de retribuciones.
    • Se introducen nuevas claves, dentro de las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave K, en la que se diferencian los premios derivados de la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios, caracterizado por arriesgarse cantidades de dinero u otros elementos patrimoniales a cambio de la posibilidad de obtener un premio o ganancia, y que permiten minorar su importe en las pérdidas en el juego en el mismo período impositivo, de las percepciones que correspondan a premios por la participación en concursos o combinaciones aleatorias, en las que no se realice un desembolso económico por su participación, y que por tanto no son enmarcados en el concepto de “juego” y que no permiten tal compensación.

  • Modelo 390: Se sustituye el anexo I de la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Así:
    • Se añaden dos nuevas casillas 658 y 659, y se modifica la descripción del contenido de la casilla 84 y 86, en el apartado 7. Resultado liquidación anual (sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)
    • Se añaden dos nuevas casillas 658 y 659, y se modifica la descripción del contenido de las casillas 84 y 94, en el apartado 8. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones).

Por último indicar que, la Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 19 de noviembre, y será de aplicación, por primera vez, para la presentación de las declaraciones-resúmenes correspondientes a 2015.

*En el Anexo I de la Orden podéis encontrar el nuevo modelo 390.

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Constitución de depósitos para pujar en subastas electrónicas

El pasado 7 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

En este Real decreto se regula el procedimiento de constitución, gestión y devolución, cuando proceda, por vía telemática de los depósitos exigidos por la normativa vigente para participar en subastas electrónicas.

Para poder participar en una subasta como postor, los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, y estar en posesión de la correspondiente acreditación. Para obtener dicha acreditación será necesario que hayan constituido, en su caso, el depósito del 5% del valor del bien de conformidad con lo establecido en el art. 647.1.3 de la LEC.


¿Cómo es el procedimiento para la constitución telemática de los depósitos?

  1. El interesado, que previamente ha sido dado de alta en el Portal de Subastas, se conectará a través de éste con los servicios electrónicos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y a través de éstos, con los de la entidad colaboradora en la gestión recaudatoria en la que tenga cuenta.
  2. Si la constitución del depósito es aceptada por la entidad colaboradora, ésta efectuará el traspaso de su importe desde la cuenta del depositante a la cuenta de depósitos por participación en subastas de la Agencia Tributaria, comunicando el hecho de la constitución del mismo, o bien la imposibilidad de efectuarlo por inexistencia de saldo en cuenta del depositante o por cualquier otra causa, así como los datos identificadores del depositante y de la subasta.
  3. El Portal de Subastas enviará al interesado, como acreditación del depósito constituido, un número de referencia que previamente le habrá comunicado la Agencia Tributaria tras ser emitido por la entidad colaboradora correspondiente.

Tras la subasta he sido adjudicatario del bien, ¿y ahora?

El Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria  la información necesaria para que el importe correspondiente al depósito constituido por el postor adjudicatario se ingrese en la cuenta restringida de la entidad colaboradora en la que se hubiese efectuado, a los efectos de su posterior transferencia a la cuenta del Tesoro del Banco de España.

Seguidamente la Agencia Tributaria remitirá la propuesta de pago a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que le transfiera los fondos correspondientes a ese depósito y recibirá la información del Portal de Subastas que contendrá los datos correspondientes al nombre y número de identificación fiscal del depositante, así como los identificadores de la subasta, lote, etc. con el fin de asegurar la correcta recepción e identificación de las cantidades que serán transferidas a la Cuenta de Depósitos y consignaciones Judiciales (en la subasta judicial), o a las cuentas correspondientes en caso de subastas notariales.


¿Qué ocurre con los depósitos efectuados  en las pujas sin reserva de postura?

El Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que traspase desde la cuenta de depósitos por participación en subastas a la cuenta del depositante la cantidad consignada, en la misma fecha del cierre de la subasta.


¿Y con los depósitos efectuados en las pujas con reserva de postura?

Los depósitos constituidos por los postores que pujaron con reserva de postura, permanecerán en el mismo estado hasta que se comunique por el órgano subastador al Portal de Subastas que el postor adjudicatario completó la totalidad del precio ofrecido, que se ha aprobado el remate a favor de tercero o que se dictó decreto de adjudicación. Una vez recibida esta comunicación, el Portal de Subastas transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que se traspase a las cuentas de los depositantes.

En el caso de que existieran pujas efectuadas con reserva de postura y el mejor postor no completara el precio ofrecido en el plazo señalado en la ley, por el art. 653 de la LEC, el Letrado de la Administración de Justicia o notario responsable de la subasta, además de dar destino legal al depósito constituido por el postor que causó la quiebra de la subasta, comunicará esta circunstancia al Portal de Subastas interesando el envío de la certificación con los datos del siguiente mejor postor que pujó con reserva de postura y que actúe conforme a lo establecido en la legislación vigente. Si este postor tampoco completara el precio ofrecido, se procederá de la misma forma respecto a los sucesivos postores.


¿Y si finalmente la subasta no tiene ningún postor?

El Portal de Subastas, tan pronto como se realice su cierre, transmitirá a la Agencia Tributaria la información necesaria para que se traspase a las cuentas de los depositantes las cantidades consignadas para aquélla.

Lo mismo ocurrirá en el caso de los depósitos constituidos por los postores que, una vez iniciada la subasta dejen de tener interés en la misma, no realicen ninguna puja o hayan visto su postura superada y no hayan hecho reserva de postura.

Por último, en los casos de suspensión de la subasta por un período superior a quince días o cancelación directa de la misma por el Letrado de la Administración de Justicia o notario responsable de la subasta, el Portal de Subasta, una vez transcurrido el plazo o recibida la comunicación expedida por aquel dejando sin efecto la subasta, trasmitirá a la Agencia Tributaria la información necesario para que se traspase a las cuentas de los depositantes de las cantidades consignadas para participar en la misma.


El citado Real decreto modifica:

  • Los apartados 1 y 3 del artículo 1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.
  • Añade un nuevo párrafo 12 al apartado A del artículo 344 del Decreto de 2 de junio de 1944. Por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado.

Ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 7 de noviembre.

Para saber más sobre subastas electrónicas, haga clic aquí 

 

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Obligaciones de información y clasificación de productos financieros

A partir del mes de febrero de 2016, entrará en vigor la Orden ministerial ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

Si bien es cierto que las diferentes normas aprobadas en los últimos años han incrementado notablemente la información que se ha de poner a disposición del cliente y han establecido la obligación de que dicha información conste por escrito, la gran cantidad de información precontractual que en ocasiones se pone a disposición de los clientes, o de los clientes potenciales, y la ausencia de un formato común para su representación, constituyen dos factores que dificultan la adecuada comprensión de los productos ofrecidos y su comparación con otros.

Esta norma tiene como fin garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros mediante el establecimiento de un sistema normalizado de información y clasificación que le advierta sobre su nivel de riesgo y le permita elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión. Con tal finalidad, las entidades entregarán a sus clientes o potenciales clientes un indicador de riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad.


La citada Orden ministerial se estructura en tres capítulos y un anexo.

Su redacción se articula sobre tres principios básicos:

  • Principio de transversalidad: conforme al cual el sistema normalizado de información y clasificación se deberá elaborar para todos los productos financieros, ya sean bancarios, como propios del mercado de valores o del mercado de seguros y planes de pensiones.
  • Principio de simplicidad: para que la información ofrecida ayude a los clientes o potenciales clientes a comparar diferentes productos y comprender sus características.
  • Principio de homogeneidad: a fin de evitar divergencias y mejorar la protección de los clientes financieros, la información mínima requerida sea elaborada y representada gráficamente en un único formato normalizado.

Atendiendo a estos tres principios, el Capitulo I regula el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Orden ministerial.

En cuanto a los productos a los que se aplica, la orden incluye a los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, los depósitos bancarios, los productos de seguros de vida con la finalidad de ahorro y los planes de pensiones individuales y asociados.

comisic3b3n-nacional-del-mercado-de-valores-fuente-cnmvNo obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta orden los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, como es el caso las participaciones de fondos de inversión, los productos de seguro de vida que tengan un elemento de inversión a los que es aplicable dicho Reglamento y los productos y depósitos estructurados, que disponen, a partir del 31 de diciembre de 2016, de una regulación específica, destinada a que los clientes y potenciales clientes puedan comprender y comparar las características fundamentales y los riesgos de dichos productos, incluyendo a estos efectos un indicador de riesgo con un formato y contenido homogéneos.

 Igualmente, se excluye a la deuda pública del ámbito objetivo de aplicación, dada la garantía de las administraciones públicas con la que cuentan que hace que su clasificación sea la de activo de elevada liquidez y solvencia a efectos de la normativa prudencial y, en particular, del Reglamento 575/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 648/2012/UE. Asimismo, quedan excluidos de esta orden los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, al no ir dirigidos a la comercialización en el mercado minorista, así como las modalidades de seguro de vida previstas en el artículo 3 de la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida que tienen en común el presentar esencialmente un componente biométrico.DGS

El capítulo I regula también el ámbito de aplicación subjetiva de la orden, que incluye tanto a las entidades financieras españolas susceptibles de comercializar este tipo de productos, como a las entidades extranjeras que lo hagan en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios.

Finalmente, el ámbito de aplicación de la orden se termina de definir mediante dos normas de cierre: primero, la orden se aplica solo en relación con la comercialización de productos a clientes no profesionales y segundo, se exime de su cumplimiento a la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras, dado que en estos casos es la empresa quien toma las decisiones de inversión por cuenta del cliente.


Por otra parte, en el Capítulo II de <<las obligaciones de información y clasificación de productos financieros>>, se regula el llamado  «indicador de riesgo» que las entidades deberán facilitar al cliente o cliente potencial cuando le presten servicios de inversión o comercialicen un producto financiero. Dicho indicador será elaborado y representado gráficamente de conformidad con lo dispuesto en el anexo y clasificará al producto financiero en cuestión en alguna de las 6 categorías previstas en la orden:

  • Clase 1: Incluirá:
    • Los depósitos bancarios en euros ofertados por entidades de crédito a los que se refiere el artículo 2.1.b).
    • Los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.
  • Clase 2: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos, deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 1, según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 3:  En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 3 e igual o inferior a 5 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 4: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 5 años e igual o inferior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 5: en esta clase se incluirán:
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan de un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2.
  • Clase 6: En esta clase se incluirán el resto de los productos financieros definidos en el artículo 2 y no contemplados en ninguna otra clase.

Además, en este capítulo se establecen también las <<alertas sobre liquidez y sobre la complejidad del producto>> , que únicamente deberán ser incluidas en la información a entregar al cliente o potencial cliente en el caso de que concurran algunas de las circunstancias expresamente previstas en el articulado de la orden ministerial.

Las entidades incluirán, además del indicador de riesgo, en su caso, una alerta actualizada al momento de su entrega conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre las posibles limitaciones respecto a la liquidez y sobre los riesgos de venta anticipada del producto financiero, que será elaborada y representada gráficamente de conformidad con lo dispuesto en la presente orden.

El indicador de riesgo , y en su caso las alertas de liquidez, deberán incluirse en las comunicaciones publicitarias sobre los productos financieros que incluyan información concreta sobre sus características y riesgos.  El indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad serán representados gráficamente utilizando las figuras de los apartados 1, 5 y 6 del anexo.

riesgoLas representaciones gráficas deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 11 de la orden, es decir, deberán incorporarse en la parte superior de la primera hoja de las comunicaciones publicitarias o de la información sobre el producto financiero cuando se realice por escrito o en un medio que permita su reproducción, y el tamaño de la figuras y de los textos tendrá que ser adecuado al tamaño del documento para asegurar que sean claramente visibles y legibles para el cliente o cliente potencial.

La correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo se representará gráficamente mediante un pentágono orientado hacia a la derecha y de color negro que apuntará al pentágono de color de su clase correspondiente.

Dibujo 2No obstante, las entidades podrán sustituir la figura del apartado 1 del anexo por la figura apartado 3 del anexo, en cuyo caso, la correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo previsto en el apartado 1 del anexo se representará gráficamente mediante la indicación numérica de la clase a la que pertenece el producto financiero en la parte del numerador de la fracción, permaneciendo el denominador siempre constante en el número 6. En este supuesto, los colores utilizados para el indicador de riesgo atenderán a lo establecido en el apartado 4 del anexo y la figura del apartado 3 del anexo se acompañará de la leyenda: <<Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor riesgo>>


En cuanto a la comercialización a distancia y otras formas de comercialización (contratación por correo, catálogo, internet, venta telefónica) la orden establece la obligación de entrega del indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad al cliente antes de su contratación. Las entidades deberán estar en condiciones de acreditar que, antes de contratar un producto financiero a distancia, el cliente potencial ha recibido el indicador de riesgo y, en su caso, las alertas sobre la liquidez y la complejidad.

Asimismo, las entidades tendrán la obligación de incorporar junto al indicador de riesgo de los productos financieros a los que se refiere el art. 2.1.b), una advertencia que incluirá la identidad del fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad y el importe máximo que garantiza.

Indicadores de riesgo en planes de pensiones: Cuando el producto financiero comercializado por las entidades sea un plan de pensiones de los recogidos en el artículo 2.1.d), las entidades facilitarán, en sustitución del indicador de riesgo previsto en el artículo 5, otro elaborado, calculado y representado conforme a lo establecido para el indicador sintético de riesgo en los apartados 4 y 6 de la Norma Cuarta de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.


Por último, en el Capítulo III de <<Normas de ordenación, disciplina y supervisión>>, se recoge el régimen aplicable a cada uno de los respectivos ámbitos materiales de los servicios financieros sobre los que se proyecta. Asimismo, establece que las facultades de desarrollo se delegan en El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrán dictar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución y aplicación de la Orden ministerial en sus respectivos ámbitos competenciales.

Está previsto que entre en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir el 5 de febrero de 2016.

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Novedades legislativas 31 de octubre

El BOE del pasado 31 de octubre publicó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Si bien no ha sido la única norma publicada el pasado sábado, en pleno puente del 1 de noviembre, sino que además el BOE nos trae como novedad el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El legislador continúa infatigable, sin tregua.  Esta vez en su labor de refundición, intentando poner orden al “maremagnum” normativo sobrevenido, haciendo uso del contenido y mandato del art. 1 de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, con el fin de regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de lo establecido en el art. 82 y siguientes de la Constitución.

A continuación trataremos de explicar, a efectos orientativos, las principales novedades que incorporan los citados textos refundidos:


Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Según recoge  el texto refundido en su exposición de motivos, la norma viene a integrar en su contenido las disposiciones legales que han modificado el contenido del EBEP, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, de conformidad con el principio de seguridad jurídica.

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido objeto de modificaciones a través de distintas leyes, como ha ocurrido con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, o por el Real Decreto- ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se adoptan medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía; la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, entre otras disposiciones.

Entre las cuestiones que se incorporan al Texto Refundido como consecuencia de las modificaciones de la ley 7/2007 aprobadas hasta hoy cabe destacar:floor-746760_640

  • La novedad de que las vacaciones no disfrutadas por enfermedad se puedan disfrutar tras el alta.
  • Las mejoras efectuadas en materia de movilidad, jornadas, permisos y situaciones administrativas en los casos de violencia terrorista.
  • La recuperación de los días de asuntos particulares y vacaciones de los empleados públicos, de acuerdo con las últimas modificaciones legislativas.
  • Los permisos por cuidado de hijo menor afectado por enfermedad grave y para los casos de acogimiento pre adoptivo y adopción.
  • Se incorporan  las normas aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, como el permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.

El nuevo texto refundido mantiene el mismo número de artículos (100), pero es preciso indicar que existe una nueva numeración de los preceptos del EBEP. Os dejamos este enlace para que podáis acceder a la Tabla de equivalencias entre la Ley 7/2007, de 12 de abril, y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

El  texto refundido del EBEP entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de noviembre. Respecto  de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta, que remite al 1 de enero de 2016. También se remite a esta fecha la entrada en vigor del apartado 2 del artículo 50 (sobre vacaciones de los funcionarios públicos con situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo que impidan su disfrute), como de la disposición adicional decimosexta del texto refundido (permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación).


Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Este nuevo texto unifica más de cien modificaciones normativas en materia de Seguridad Social, que incorpora casi toda la normativa con rango legal, a excepción del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que por su particularidad se ha regulado a través de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.foto_seguridad_social

Como ya indicábamos en una publicación anterior, este nuevo texto, junto con el Texto Refundido y la Ley de Empleo, da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno.

El nuevo texto refundido abarca un total de 435 disposiciones: 373 artículos, 26 disposiciones adicionales, 25 transitorias y 8 finales. En cuanto a su estructura, se mantienen tres de los títulos ya existentes que recogen la normativa generada en estos años, y se le añaden tres títulos más:

  • Título I: Normas generales del sistema de la Seguridad Social. Integra la Ley reguladora del Fondo de Reserva.
  • Título II: Régimen General de la Seguridad Social. Se reestructura para recoger los nuevos supuestos especiales de cotización como son los contratos de corta duración, se crean dos capítulos que recogen las particularidades aplicables a los trabajadores a tiempo parcial, los contratos para la formación y el aprendizaje y los trabajadores por cuenta ajena de los sistemas especiales agrarios y de empleados del hogar.
  • Título III: Protección por desempleo. Incorpora un capítulo con las peculiaridades de la prestación por desempleo de determinados colectivos.
  • Título IV: Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia. En este título se incorpora todo lo relativo a los trabajadores autónomos.
  • Título V: Prestación por cese de actividad. Se crea este Título específico para integrar la Ley 32/2010 d e5 de agosto que recoge la regulación de esta prestación.
  • Título VI: Prestaciones no contributivas.

El Real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día 2 de enero de 2016.

No obstante, el art. 60 que regula el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social, será de aplicación cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir del 1 de enero de 2016. Por su parte, el factor de sostenibilidad regulado en el art. 211, únicamente se aplicará a las pensiones que se causen a partir del 1 de enero de 2019.


Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

A través de este nuevo texto refundido, se han recopilado las numerosas normas que han modificado el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, al objeto de valorar las disposiciones recogidas en la parte final de cada una de ellas, con la finalidad de incorporar aquéllas cuya aplicación está en vigor  y que, por su contenido, deben formar parte del texto refundido, lo que ha obligado a ordenar y numerar de nuevo las disposiciones.highway-216090_640

Se ha actualizado y revisado el vocabulario utilizado, incluidas las cuestiones gramaticales. Asimismo se ha unificado el uso de ciertos términos que se empleaban a lo largo del texto de distinta forma, al objeto de dotarlo de la necesaria cohesión interna.

Por otra parte, se ha incluido la transposición de la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, que se había recogido en la disposición final segunda de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, a cuya derogación se procede por entender que, por su contenido, debía integrarse en este texto refundido.

Por último, el nuevo texto ha sido adaptado a la reciente modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 15/2014, de 16 de  septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que convierte al BOE en un tablón edictal único, pasando a ser voluntaria la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

 El real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico» del Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI y VII, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La nueva norma sistematiza en un solo texto legal la legislación del Estado que afecta a la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas y al quehacer cotidiano en esta materia de los Ayuntamientos, todo ello con la finalidad de simplificar y clarificar la normativa en materia de urbanismo, así como aportar certidumbre a los operadores jurídicos.

La norma se divide en 68 artículos, estructurados en nueve títulos:

  • Título Preliminar: Disposiciones generalescoruna-253711_640
  • Título I: Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos.
  • Título II: Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles.
  • Título III: Informe de evaluación de los edificios.
  • Título IV: Cooperación y colaboración interadministrativa.
  • Título V: Valoraciones.
  • Título VI: Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
  • Título VII: Función social de propiedad y gestión del suelo.
  • Título VIII: Régimen jurídico

El nuevo texto se enmarca dentro de la Estrategia Española de Rehabilitación, que recientemente ha sido valorada por la Comisión Europea como mejor de la Unión Europea, junto con los incentivos económicos del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler y la rehabilitación, y los fondos FEDER 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado.

Según el Gobierno, esta Ley constituye un paso más en el cambio de modelo en la política de vivienda impulsado desde el Ministerio de Fomento con la finalidad de equilibrar la nueva construcción con la rehabilitación, impulsar la eficiencia energética en el parque edificado español, así como eliminar trabas y flexibilizar el sistema.

Con la publicación del nuevo texto quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al al real decreto legislativo y al texto refundido que aprueba.

El real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba han entrado en vigor el mismo día de su publicación, esto es, el día 31 de octubre.

ACTUALIZACIÓN 20/11/2015:

 Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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Portal único de subastas

 La subasta es uno de los medios que permite transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados, con el fin de que el deudor demandado pueda pagar la deuda reclamada con la cantidad que se obtenga en ella. El recurso a la subasta pública como medio de realización de bienes es muy común en nuestro ordenamiento, tanto en procedimientos notariales como judiciales o administrativos.

Con la  entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en este mes de octubre, se ha llevado a cabo la reforma de los preceptos necesarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las subastas que tengan lugar en sede judicial se realicen de manera electrónica.

La aprobación de esta medida tiene dos objetivos: por un lado, obtener una mayor transparencia en el procedimiento y, por otro, la obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes.

La Ley se orienta a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del estado, lo que en principio supondría eliminar las pujas presenciales, y evita a quien quiera participar en una subasta judicial, ir de juzgado en juzgado a consultar la información relativa a las mismas.

A continuación trataremos de explicar a efectos orientativos y con carácter general, las claves de la nueva subasta electrónica:


Antecedentes de la subasta electrónica.

La subasta electrónica es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. En el año 2000, la  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contempla el procedimiento de ejecución celebrado en los Juzgados, realizándose la subasta a través de un Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (Unidad de Subastas).

En el año 2007, se hace posible la realización y participación en subastas judiciales a través de Internet en la Región de Murcia. El Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del Ministerio de Justicia puesto en marcha para la celebración de los procesos señalados por los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Murcia supuso una experiencia pionera en España y en Europa.

En el año 2012 se lleva a cabo una nueva reforma de la LEC  que hace posible la publicación de todas las subastas en el Portal de la Administración de Justicia. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificó el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, introduciendo la subasta electrónica única como la exclusiva forma posible para proceder a la venta forzosa extrajudicial ante Notario que tal artículo regula;  pero hubo que esperar hasta el presente año 2015 para que el legislador estableciese un verdadero sistema de subastas electrónico, a través de la Ley 19/2015 y de la Ley 15/2015, de Jurisdicción voluntaria.


 ¿Quiénes son los agentes implicados en una subasta electrónica?comercio_electronico_para_todos_reference

  • El ejecutante es quien inicia el procedimiento. Propietario del bien mueble o inmueble a subastar. Es representado por un Procurador.
  • La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado será responsable del Nuevo Portal de Subastas Electrónicas.
  • Postores: cualquier ciudadano interesado en participar en una subasta pública, que deberá acceder al nuevo portal de subastas electrónicas desde el cual realizará las pujas sobre los bienes subastados.
  • Los Órganos Judiciales, interactúan con el Portal de Subastas Electrónicas a través del Aplicativo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones (CDCJ). Los letrados y funcionarios del OJ darán de alta los datos de las subastas a través del aplicativo CDCJ y serán enviados al Portal de Subastas del BOE para su publicación y celebración de la subasta.
  • Otras instituciones implicadas: la Agencia Tributaria, el Banco de España, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) y entidades financieras.

¿Qué bienes pueden ser objeto de subasta electrónica?

Estas subastas pueden incluir distintos tipos de bienes.

  • Bienes inmuebles: viviendas, garajes, solares, etc.
  • Bienes muebles: maquinaria, mobiliario, etc.
  • Vehículos: turismos, vehículos industriales, y otros vehículos.

¿Qué requisitos debo cumplir para poder participar en una subasta electrónica?

  1. Identificarse de forma suficiente: registrarse como usuario del portal de Subastas Judiciales utilizando un certificado electrónico o bien registrarse de modo presencial en las oficinas judiciales, donde se dará un login y contraseña. Para consultar a la información o bien para seguir en directo la celebración de la subasta no es necesario identificarse.
  2. Declarar que se conocen las condiciones generales y particulares de la subasta establecidas en la ley y en el edicto correspondiente.
  3. Presentar el resguardo que acredite que se ha depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones indicada en el edicto, el 5% del valor de tasación de los bienes, o que se ha prestado aval bancario por el mismo porcentaje. (El ingreso se hace en una cuenta de la entidad Santander asignada a la Oficina Judicial que ha de celebrar la subasta).
  4. Acceder como usuario registrado y rellenar el formulario de acreditación de postor por Internet para la subasta.

¿Cómo se desarrollará la subasta electrónica?

La subasta admitirá pujas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días por un máximo de 24 horas, según lo establecido en el artículo 649 de la LEC.

Al cierre de la subasta, el Portal de Subastas remitirá al Secretario Judicial información certificada de la postura telemática que resulte vencedora, y del resto de ofertas por orden de creciente de importe y de fecha en el caso de ser la oferta idéntica.

Terminada la subasta, y recibida la información, el Secretario judicial dejará constancia, expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon.

EXT-ART-147371-File03Finalizado el trámite, se devolverán las cantidades consignadas por los postores, excepto lo que corresponda al mejor postor. Esa cantidad se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. Asimismo, es preciso señalar que, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva consignada (reserva de postura) para que, si el vencedor no entregase en plazo el resto del precio, pueda adjudicarse el bien a los postores siguientes, en el orden que quedaron.

El mejor postor no puede decir que se ha asegurado la adjudicación del bien hasta que ésta sea aprobada por el Secretario Judicial. La resolución que contiene esa aprobación se denomina decreto de aprobación de remate. Hasta ese momento el deudor puede pagar la deuda reclamada, con lo que quedaría sin efecto la subasta y se devolvería la consignación realizada para participar.

La persona a la que se le adjudique el bien debe proceder al ingreso en la cuenta  de depósitos y consignaciones del resto del importe, hasta alcanzar la cantidad por la que se le adjudicó el bien dentro de los 10 días siguientes si la adjudicación fuera de un bien mueble, o de 40 días, si se tratara de un inmueble.

Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario Judicial, del decreto de adjudicación, compresivo de la resolución de aprobación del remate, en el que deberá expresarse, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.


¿Qué garantías jurídicas implica la subasta electrónica?

La seguridad jurídica está garantizada por la identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante certificado reconocido de firma electrónica o mediante firma con sistema de claves previamente concertadas. El sistema garantizará con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones, en las que un sello determinará el momento exacto en el que tuvieron lugar.

Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único.


En una subasta online ¿cómo sé qué bienes se van a subastar?

El proyecto permitirá utilizar un buscador de subastas. En el buscador se indicará, por ejemplo, qué tipo de bien se va a subastar (un piso, un local…), la ubicación, el número de registro, las características registrales…

La Ley hace especial hincapié en la publicidad de todo lo que tenga que ver con las subastas, comenzando por un anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado>>, continuando con la inserción en el Portal de la Administración de Justicia y finalizando con la publicidad en el Portal de Subastas.


¿Dónde puedo encontrar todos los detalles de la subasta y del bien subastado?

Para cada subasta, se encontrará la publicidad registral de los bienes y de los datos complementarios, como planos, fotografías, licencias u otros elementos que, a juicio del deudor, del acreedor o del Secretario Judicial puedan contribuir a la venta del bien.

Todos los datos serán enviados por los Órganos Judiciales al Portal de Subastas del BOE, donde deberá constar:

  • El edicto completo.
  • La tasación pericial completa.
  • La certificación de dominio y cargas.
  • La tasación de cargas.

Es importante averiguar si el bien que desea adquirir tiene alguna carga, ya que la persona que consiga la subasta deberá pagar, además del precio ofrecido, las cargas anteriores y preferentes que haya sobre el bien. Por ello es sumamente importante que se tenga bien claro si existen cargas y en caso positivo, cuál es el importe de las mismas (estamos ante el peligro latente de “meter la pata” y comprar un sapo).


¿Qué ocurrirá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley?

Las subastas de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cuya publicación se haya acordado continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda.


Veremos si el hecho de facilitar el acceso a los ciudadanos para participar en las subastas mediante la creación de este portal único de corrige la tendencia de que éstas queden desiertas.

Para saber más:

 Cuadro comparativo de subastas electrónicas

 ¿Qué otras modificaciones ha introducido la Ley 19/2015?

Actualización (6/11/2015)

 Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.  Entrada en vigor el día 7 de noviembre de 2015.

Publicación relacionada: Constitución de depósitos para pujar en subastas electrónicas

New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam

Nuevos textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley del Empleo

El pasado 23 de octubre, el Consejo de Ministros  aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, publicándose el día 24 de octubre en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, simultáneamente a la publicación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, se ha publicado el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  Ambos textos se encuadran en el proyecto del Ministerio del Empleo y Seguridad Social cuyo objetivo es el de integrar, armonizar, aclarar las normas y dotarlas de una estructura más ordenada, facilitando el conocimiento de las mismas por los ciudadanos.

Dicha vocación de  facilitar a todos los ciudadanos, de manera sencilla y clara, el cumplimiento de los requisitos administrativos propios del ámbito laboral y de la Seguridad Social, será completado próximamente con la publicación de la nueva Ley General de la Seguridad Social.



Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 

El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en marzo de 1980, y se refundió por primera vez en el año 1995, si bien en estos veinte años que han transcurrido desde el año 95 ha sido modificado con mayor o menor intensidad hasta en cincuenta ocasiones.

Es por ello que este elevado número de modificaciones hace necesaria la aprobación de un nuevo texto refundido, que dicho sea de paso, no implica un régimen jurídico distinto al ya conocido, ni novedades sustantivas en la materia.

El proyecto de texto refundido del Estatuto de los Trabajadores mantiene íntegramente la estructura y el número de artículos actuales, 92, pero no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo, al suprimirse buena parte de las mismas.

El nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores integra:

  • La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que apostó por la flexibilidad interna de las relaciones laborales aprobando la rebaja de la indemnización por despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios, que pasó de ser de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esta reforma supuso además que se haya invertido la carga de la prueba, de forma que el trabajador despedido es quien tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente; que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) actúen como agencias de colocación; eliminó la autorización administrativa previa en los despidos colectivos; fijó la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y limitó a 1 año la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras.

  • El Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Que modificó la regulación de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores en los periodos de consulta en los despidos colectivos y en las medidas de flexibilidad interna; modificó también la disposición adicional séptima de la Ley de la Seguridad Social, introduciendo una fórmula (coeficiente de parcialidad) cuya pretensión es la de considerar del mismo modo los periodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial que a tiempo completo, cambiando el cálculo para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, incapacidad temporal, maternidad o paternidad. Introduce, también, modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo, introduciendo determinadas modificaciones en la regulación de los requisitos para percibir prestaciones o subsidios por desempleo, exigiendo a los beneficiarios estar inscritos y mantener dicha inscripción durante toda la percepción de la prestación, e introduce por otra parte,  nuevos supuestos de suspensión de las prestaciones por desempleo, como por ejemplo, cuando el beneficiario de la prestación se traslade al extranjero para buscar o realizar trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional por un período continuado de 12 meses, o cuando el beneficiario esté en el extranjero por un período, continuado o no, de 90 días como máximo durante cada año natural.

  • El Real Decreto Ley 16/2013, que reformó el contrato a tiempo parcial, que aborda el régimen contractual de los contratos a tiempo parcial, de apoyo a emprendedores, de formación y aprendizaje, estableciendo su modelo oficial. Regula el período de prueba, la jornada, la conciliación de la vida familiar y laboral, Empresas de Trabajo Temporal, despido colectivo y cotización. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, pero se podrá ampliar la jornada a través de horas complementarias, en este tipo de contratos a tiempo parcial con, al menos, diez horas semanales de promedio en cómputo anual, distinguiéndose entre las horas complementarias pactadas, de realización obligatoria por el trabajador cuando haya firmado el preceptivo pacto, estableciéndose un máximo de horas complementarias pactadas en el 30% de la jornada pactada con el trabajador, ampliable hasta el 60% por convenio, y reduciéndose el plazo de preaviso para la realización de 7 a 3 días para agilización de las empresas; y las horas complementarias voluntarias, que únicamente pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan duración indefinida. Asimismo amplía la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de edad, de 8 a los 12 años; se potencia la distribución irregular del tiempo de trabajo, al permitirse regular los excesos o defectos de jornada en “bolsas de horas” más allá del año en curso, entre otras medidas.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 


Texto refundido de la Ley de Empleo.

Como ya hemos indicado, este texto refundido tampoco supone cambios de orden sustantivo, manteniéndose la regulación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, las herramientas de activación, así como las medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, pero sí comparte la aludida vocación de armonización de la norma y dotarla de una estructura más ordenada. Algunos ejemplos de armonización son:

  • Se adaptan las referencias normativas a la denominación actual de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, nombre atribuido por el Real Decreto-ley 3/2011.
  • Se prevé expresamente la novedad introducida por la Reforma Laboral en materia de políticas activas, en el sentido de realizarse una evaluación continuada de las mismas para dotar de mayor transparencia al sistema.
  • Se prevé expresamente la novedad introducida por la Reforma Laboral en materia de políticas activas, en el sentido de realizarse una evaluación continuada de las mismas para dotar de mayor transparencia al sistema

La nueva Ley de empleo deroga:

  • La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
  • Las disposiciones adicionales sexta y decimoséptima de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
  • La disposición adicional primera, el último párrafo de la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

 

Más novedades legislativas

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Comunicación e inscripción de nacimientos desde el hospital

El pasado 15 de octubre entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Esta norma introduce un lote de medidas que suponen un avance en el ámbito de la gestión telemática de la Administración, dotando de una nueva vía de tramitación las peticiones de los ciudadanos, y que permitirá, entre otras cosas, que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios.


¿Cómo será el trámite?

Para delicia de los progenitores, por norma general, ya no será necesario acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil correspondiente para realizar la inscripción del nacido, pues la citada Ley 19/2015 que modifica la Ley 20/2011, del Registro civil, permite que la comunicación se realice directamente desde los centros sanitarios, a modo de <<ventanilla única>>, donde los padres firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento firmado por el personal sanitario que haya asistido al parto, y los documentos identificativos de los progenitores, que serán remitidos telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, en el plazo de setenta y dos hora desde el nacimiento.

A estos efectos, la Instrucción de 9 de octubre, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, detalla en los anexos a la instrucción el contenido del formulario que comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna. Se prevén distintas variantes del formulario para comprender diversos supuestos, según exista o no matrimonio, se trate de madre soltera o se haya solicitado cambio en el orden de los apellidos. Dicho formulario deberá incluir la firma manuscrita de sus declarantes.

Como dispone el artículo 46 en el párrafo segundo de la Ley 20/2011, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento.

El Registro Civil competente, una vez recibida y examinada la documentación, deberá practicar de modo inmediato la inscripción de nacimiento y expedir certificación literal (preferentemente electrónica) de la inscripción de nacimiento. Los documentos digitalizados y remitidos son título suficiente para practicar la inscripción del acto.

La expedición de la certificación de nacimiento tiene gran relevancia ya que conforme a la disposición adicional tercera de la Ley 19/2015, no será necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de esta certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento. Esta certificación se pondrá a disposición para su descarga por el interesado en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En el caso en el que el declarante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico en el formulario, la remisión de dicho certificado se realizará por correo postal.


¿Qué requisitos deberán cumplirse?
La citada Instrucción de 9 de Octubre, de la DGRN, que tiene como objeto establecer los procedimientos y requisitos técnicos para hacer efectiva dicha remisión con pleno respeto al Esquema Nacional de Seguridad, y a la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal, dispone que este trámite sólo podrá llevarse a cabo en aquellos centros sanitarios que previamente hayan sido registrados y autorizados por la Dirección General del Registros y del Notariado.


¿En qué casos no podrá realizarse la remisión desde el centro sanitario?
La citada orden Instrucción de 9 de octubre de la DGRN, excluye esta posibilidad en los siguientes supuestos:
– Cuando se haya superado el plazo legal de setenta y dos horas desde el nacimiento. En estos casos la solicitud de inscripción podrá formularse de forma presencial en el plazo de los diez días siguientes al nacimiento. No obstante, este plazo podría llegar a los 30 días cuando se acredite justa causa.

-Cuando la comunicación del acto inscribible requiere declaración o expediente tramitado ante el Encargado del Registro Civil. De este modo, no podrán ser comunicados desde los centros sanitarios los nacimientos cuando la declaración sea contraria a la presunción de paternidad (artículos 116 del Código Civil y 44.4 b) de la Ley 20/2011 y 184 RRC); cuando alguno de los progenitores sea menor de edad o tenga la capacidad modificada judicialmente; cuando se trate de nacimientos de hijos no matrimoniales en el caso de ausencia, fallecimiento o incapacidad del padre, la madre o ambos (artículos 120.1 y 122 del Código Civil); cuando los dos progenitores sean extranjeros de distinta nacionalidad; o cuando la madre haya renunciado al hijo (artículo 45.3 de la Ley 20/2011).

-Quedan excluidos sin que quepa la personación en el Registro Civil, los nacimientos en el caso de que se pretenda inscribir como progenitores a dos mujeres no legalmente casadas (artículo 44.5 de la Ley 20/2011 y artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida), ya que la Ley no contempla que la filiación con el segundo progenitor pueda establecerse en la inscripción del nacimiento en el Registro Civil. En estos casos se podrá efectuar la comunicación únicamente respecto de la filiación correspondiente al progenitor gestante.

Normativa:

 Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

– Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

¿Qué otras modificaciones ha introducido la Ley 19/2015?

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Novedades legislativas 15 de octubre

Hoy día 15 de octubre, el Boletín Oficial del Estado, además de traernos la reforma del Código Penal Militar y la modificación de la Ley 39/2007, de la carrera militar, publica la nueva Ley de Voluntariado y la Ley de Sociedades Laborales Participadas.

Como hemos indicado en post anteriores, no conviene perder de vista el BOE ni un solo día.


Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar
marine-184988_640Según establece la Ley en su exposición de motivos, la iniciativa de promulgar un nuevo Código Penal Militar deriva del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y del mandato establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. La nueva Ley deroga la anterior Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar. En cuanto a su estructura, el nuevo texto legal se divide en dos libros, el primero dedicado a las disposiciones generales y el segundo a tipificar los delitos y al establecimiento de sus penas. Debemos destacar la reducción de contenido del texto punitivo castrense, como consecuencia del principio de complementariedad de la ley penal militar respecto del Código Penal común, en consonancia con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países de nuestro ámbito sociocultural. Su entrada en vigor está prevista a los tres meses desde su publicación, es decir, el día 16 de enero de 2016.

Más información: BOE nº 247 Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.


Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar:

Juan Sebastian Elcano

 Juan Sebastian Elcano

Modificación que se justifica en la necesidad de aclarar o detallar cuestiones que la experiencia ha demostrado insuficientemente definidas en la anterior normativa. De este modo se detallan aspectos relacionados con la recuperación de bajas en los centros de formación, la valoración de méritos en los procesos de promoción, la necesidad de especialización a partir de determinados empleos, la necesidad de regular reglamentariamente aspectos relacionados con evaluaciones y con los procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones, la provisión de destinos y comisiones en circunstancias excepcionales, la unificación de criterio en las resoluciones de los recursos relacionados con expedientes de condiciones psicofísicas, el sistema de cómputos de períodos de bajas, el momento de la adquisición de la condición de militar de tropa y marinería, así como con la posibilidad de que el personal militar pueda solicitar la reducción del importe del complemento específico a los efectos de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Dicha norma entra en vigor mañana, día 16 de octubre de 2015.

Más información: BOE nº 247 Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.


Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
La nueva ley sustituye a la Ley 6/1996, de 15 de enero. En ella se incluye una nueva definición de voluntariado al que se añaden unos principios y valores que inspiran la acción voluntaria, presentes en las diferentes normas de voluntariado de las comunidades autónomas, así como en diferentes informes internacionales del voluntariado. Su alcance es muy amplio, pues afecta a entidades de voluntariado y a los voluntarios que desarrollan su labor dentro o fuera de nuestro territorio. La ley recoge asimismo, el régimen jurídico del voluntariado: en su Título II se abordan los requisitos que ha de reunir el voluntario para tener tal condición, haciendo especial referencia a los menores de edad, que podrán tener la condición de voluntarios (los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales; y los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales), personas con discapacidad y mayores.

cleanup-342706_640Por otra parte, en su Título III, se regulan las entidades de voluntariado y se fijan sus requisitos, estableciéndose que en todo caso tendrán tan consideración las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado (personas jurídicas legalmente constituidas e inscritas, sin ánimo de lucro, integradas por personas voluntarias y que gestionen programas de voluntariado). El régimen jurídico del voluntariado se cierra con la regulación de los derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria en el Título IV.

Las relaciones entre el voluntario y la entidad de voluntariado se formalizarán obligatoriamente a través de un Acuerdo de Incorporación y se deberá suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente o enfermedad derivados de la práctica de la acción de voluntariado. Asimismo, para fomentar dicha actividad, facilita el voluntariado de los empleados públicos, contemplando el voluntariado corporativo (el llevado a cabo por empresas y sus trabajadores) y permite reconocer académicamente el voluntariado realizado por jóvenes universitarios.

Por último indicar que se amplían los ámbitos dónde se puede ejercer el voluntariado, pudiendo ser: voluntario social, voluntario internacional, voluntario ambiental, voluntario deportivo, voluntario cultural, voluntario educativo, voluntario socio-sanitario, voluntario de ocio y tiempo libre, voluntario comunitario o voluntario de protección civil.

Más información: BOE nº 247 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.


Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas:

El objeto de la nueva Ley, según su exposición de motivos, pretende su adecuación al nuevo marco normativo, más acorde con la establecida en la Ley de Sociedades de Capital, aclarando y adaptando a la nueva realidad económica al contenido de la Ley 4/1997, de 24 de marzo.

La Ley consta de 20 artículos, estructurados en tres capítulos: I. Régimen Societario; II. Beneficios fiscales; III. Sociedades participadas por los trabajadores; seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.

Su art. 1 define el concepto de sociedad laboral y sus rasgos esenciales, entre los que destaca la exigencia de que la mayoría del capital social sea propiedad de los trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, sin que ningún socio pueda tener acciones que representen más de la tercera parte del capital social. Asimismo, prevé la posibilidad de constituir una sociedad laboral con dos socios, siempre que ambos sean trabajadores y tengan distribuida de forma igualitaria su participación en la sociedad.

La calificación de “Sociedad Laboral” se otorgará previa solicitud de la sociedad y el otorgamiento de dicha calificación, así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. Se prevé asimismo que, corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o en su caso, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, la facultad de resolver sobre la descalificación. La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción el Registro Mercantil, si bien para la inscripción el dicho Registro de una sociedad calificada de “laboral” será necesario aportar el certificado que acredite que dicha sociedad ha sido calificada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma como tal e inscrita en el registro administrativo de sociedades laborales.sociedad-limitada-laboral_reference

El capital social de las sociedades laborales estará dividido en acciones nominativas o en participaciones sociales que, sean de la clase que sean, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos.

Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se denominará «clase laboral» y la segunda «clase general». La sociedad laboral podrá ser titular de acciones y participaciones de ambas clases.

En cuanto a la administración de la sociedad laboral, la Ley prevé la existencia de administradores sociales, sin especificar su número, o de un consejo de administración. En todo caso, la actuación de estos órganos deberá ser diligente, leal, responsable, transparente y adecuada a las peculiaridades de la sociedad laboral. Deberán favorecer la generación de empleo estable, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, adoptar políticas de responsabilidad social, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.

En cuanto a los beneficios fiscales, La ley prevé bonificaciones de 800 euros anuales a lo largo de tres años (2.400 euros) para quienes se incorporen como socios a cooperativas o sociedades laborales de la economía social, cuantía que ascenderá 1.650 euros durante el primer año para los menores de 30 años o 35 años con discapacidad (3.250 euros en total).

Asimismo, mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción que contraten a personas en situación de exclusión social por una cuantía de 850 euros al año durante un máximo de tres años o de 1.650 euros para los menores de 30 años o de 35 años si tienen una discapacidad reconocida del 33%.

En relación a las Sociedades participadas por trabajadores, se definen como tales las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos establecidos en el capítulo I de la norma, pero que promuevan el acceso a la condición de socio de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los mismos , y cumplan algunos de los siguientes requisitos: a) Que cuenten con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los resultados de la sociedad. b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad. c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la condición de socios y, d) Que promuevan los principios de: – Promoción del acceso de los trabajadores al capital social y/o a los resultados de la empresa; – Fomento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la sociedad; – Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad, previstos en el art. 18.3.

Por último indicar que las sociedades laborales deberán adaptar sus estatutos a las previsiones de la nueva Ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

Transcurrido el plazo, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno hasta que no se haya inscrito la adaptación de los estatutos sociales. Se exceptúan de la prohibición de inscripción el acuerdo de adaptación a la presente ley, los títulos relativos al cese o dimisión de los administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, así como la transformación de la sociedad o su disolución, nombramiento de liquidadores, liquidación y extinción de la sociedad, y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

La citada Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación, es decir el 15 de noviembre de 2015.

Más infomación: BOE nº 247 Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas