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Propuesta de reforma en los rescates de los planes de pensiones

Es un tema recurrente, tanto en las noticias asociadas con temas de jubilación como en temas económicos, comentar las características de los planes de pensiones; tanto sus objetivos, sus condiciones, sus motivos de rescate, su tratamiento fiscal, etc. En anteriores publicaciones hemos hecho referencia a ello y, precisamente por ese motivo, hoy nos hacemos eco de que ayer el gobierno ha publicado una propuesta de reforma en las condiciones necesarias para el rescate de los planes de pensiones, entre otros temas.

Esta propuesta de reforma se encuadra dentro de las modificaciones que se incluían en la reforma fiscal de 2014, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. En la indicada reforma fiscal se incluía la posibilidad de disposición anticipada de los derechos consolidados, y es precisamente esta posibilidad la que en el día de ayer ha sido publicada como proyecto de Real Decreto, quedando abierto a participación pública hasta el día 4 de diciembre de 2017.

En este proyecto de Real Decreto, como indicamos anteriormente, se hace referencia a la disposición anticipada de los derechos consolidados que se correspondan a las aportaciones que se hayan efectuado a los planes de pensiones (y sistemas de previsión social análogos) con una antigüedad de diez años, incluyendo las aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2016; de manera que los derechos derivados de aportaciones o primas de seguro abonadas con anterioridad a esa fecha podrán hacerse efectivos a partir de 1 de enero de 2025.

Esto quiere decir que los planes contratados antes de 31 de diciembre de 2015 podrán rescatarse a partir de 2025, y aplicaríamos este criterio para el resto de rescates de los planes; teniendo en cuenta que no puede solicitarse ahora mismo el rescate, sino que será a partir de 2025. Un ejemplo; un plan contratado hoy (14 de noviembre de 2017) podrá rescatarse a partir del 14 de noviembre de 2027. En resumen; hay que tener muy en cuenta que, en caso de aprobación de esta propuesta de Real Decreto, los rescates de planes de pensiones que cumplan esta condición de duración en el tiempo se podrán llevar a cabo a partir de 1 de enero de 2025.

Los demás requisitos para el rescate de planes de pensiones, que incluíamos en la esta publicación anterior, se siguen manteniendo, pudiendo ser la condición antes indicada una nueva a incluir con las anteriores.

Este proyecto igualmente redefine los límites máximos de comisiones de gestión y depósito a percibir tanto por gestoras como por depositarias. Esta redefinición implica, por un lado, una reducción del importe medio de las comisiones máximas con el objetivo de mejorar la rentabilidad neta de los planes de pensiones, y por otro lado implica una sustitución a la hora de determinar las comisiones de gestión, se sustituye el importe máximo único por una tabla de comisiones máximas en función de las diferentes políticas de inversión de los fondos.

Como se ve, esta propuesta parece ir orientada a una mejora del atractivo de estos productos, sobre todo pensando en gente de mediana edad y en jóvenes recién incorporados al mercado laboral. El objetivo final, aparentemente, sería “quitar” el miedo que la no liquidez de los planes de pensiones (salvo las contingencias que tradicionalmente implicaban la liquidez de los planes de pensiones) para así aumentar el “atractivo” de este tipo de productos de ahorro destinados a la jubilación; sin olvidar que la situación de las pensiones públicas haga que el Estado busque que aumenten los planes privados que complementen (cuando no incluso sustituyan) las pensiones del Estado.

Lo que en todo momento hay que tener en cuenta el tratamiento fiscal que tiene un plan de pensiones. Esta propuesta de reforma va a implicar a partir de 2025 haya mucha liquidez en los planes de pensiones, e igualmente es posible que se produzca un aumento de las comercializaciones de planes de pensiones en los ejercicios actuales; es por ello que el conocimiento del tratamiento fiscal es muy importante. Lo básico a tener en cuenta es qué producto es un plan de pensiones; no se trata de un depósito o una cuenta corriente, por lo que a la hora de tributar no tributamos por el rendimiento del producto y como rendimiento del capital mobiliario, sino que el importe íntegro del rescate del plan (principal más potenciales ganancias) será la base por la que se tributará como rendimiento del trabajo; igualmente hemos de tener en cuenta que, a diferencia de depósitos o cuentas, las aportaciones a los planes de pensiones nos habrán dado beneficios fiscales en los ejercicios en los que estas se hayan efectuado; por lo que se ve claramente que el tratamiento será muy diferente, y esto es algo a tener muy claro.

El plazo abierto para discutir esta propuesta será desde ayer hasta el 4 de diciembre, por lo que habrá que estar pendiente de cómo quedará finalmente esta propuesta.

 

Documentación:

Proyecto de Real Decreto

Memoria  

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Tratamiento de los planes de pensiones en el IRPF

En varias publicaciones hemos hecho referencia a la situación actual de las pensiones, haciendo referencia a que uno de los “complementos” de la pensión de jubilación más “populares” son los Planes de Pensiones. Como ya indicamos en estas publicaciones, fiscalmente estos Planes hacen que se produzca un diferimiento en el pago a hacienda. Precisamente, para dejar más claro el impacto fiscal de este tipo de planes hacemos esta publicación, en la que explicaremos el tratamiento fiscal que se da a los Planes de Pensiones dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

Tratamiento fiscal de las aportaciones a un plan de pensiones

En primer lugar hacemos referencia a la situación inicial cuando una persona contrata un Plan de Pensiones, pasando a ser partícipe de dicho plan. En ese caso, cuando la persona hace la aportación habrá una reducción en la base imponible en el apartado de los rendimientos del trabajo. El límite de dicha reducción se corresponderá con la menor cantidad entre los dos importes siguientes:

  • 8.000 euros anuales.
  • 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Una vez comentado el “beneficio fiscal” que se tiene en el momento de las aportaciones del partícipe al plan, haremos referencia al otro momento temporal importante a tener en cuenta con los planes de pensiones, que es el momento del rescate del plan de pensiones.

 

¿Cuándo puede rescatarse un plan de pensiones?

En primer lugar hay que indicar un concepto importante, las contingencias que indicaremos a continuación son las que permiten rescatar el plan de pensiones, pero en ningún momento obligan a su rescate.

Las contingencias que permiten el rescate de un plan de pensiones son las siguientes:

  • Que se esté jubilado tal como indique la normativa de la Seguridad Social
  • Que es esté en una situación que sea asimilable a la jubilación:
    • Extinción de la relación laboral y paro.
    • 65 años.
  • Incapacidad laboral total o permanente.
  • Muerte.
  • Situación de dependencia severa o gran dependencia.
  • Enfermedad grave bien del partícipe, bien de su cónyuge, bien alguno de los ascendientes o descendientes de aquellos en primer grado o persona que, en régimen de tutela o acogimiento conviva con el partícipe o de él dependa.

Se considerará a estos efectos enfermedad grave, siempre que sea acreditado con certificado médico:

  1. Cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un periodo continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario.
  2. Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier actividad u ocupación, requiera o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.
  • Situación de desempleo de larga duración, a efectos de lo cual se considerará que se da esa situación siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
    • Hallarse en situación legal de desempleo
    • No tener derecho a prestaciones por desempleo contributivas, o haber agotado dichas prestaciones
    • Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público correspondiente.
    • En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado su actividad.

 

Tratamiento fiscal tras el rescate.

En el momento que se produce el rescate del plan de pensiones, que podrá hacerse en forma de renta, de capital o mixta, se considerará que se han obtenido Rendimientos del Trabajo. Por ello por norma general irán al tipo general según la siguiente tabla:

BASE LIQUIDABLE CUOTA INT. RESTO BASE Tipo marginal total
0,00 0,00 12.450,00 19%
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24%
20.200,00 3.042,75 13.800,00 30%
34.000,00 8.725,50 26.000,00 37%
60.000,00 17.901,50 Resto 45%

 

Además de todo esto hay que hacer referencia a que se puede hacer una reducción del 40% para las aportaciones que se hayan hecho hasta el 31 de diciembre de 2006. Aun así hay que tener en cuenta una serie de datos en referencia a dicha reducción: solo será aplicable a primas que, teniendo derecho a ser deducidas, se rescaten dentro del mismo año natural. En relación a todo esto hay que tener en cuenta los plazos existentes actualmente para la aplicación de la reducción:

  • Si la contingencia que permite el cobro se ha producido entre los ejercicios 2011 a 2014 solo se podrá aplicar, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que se ha producido la contingencia.
  • Si se ha producido en el ejercicio 2010 o anteriores, solo se podrá aplicar a las prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.
  • En el caso que se produzca a partir del 1 de enero de 2015, únicamente se podrá aplicar a prestaciones percibidas en el ejercicio que se produzca la contingencia o en los dos posteriores.

 

Documentación

Ley 35/2006

Ley 26/2014

Real Decreto 304/2004

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Futuro de las pensiones

En los últimos años continuamente recibimos noticias en referencia al tema de la jubilación. Como ya comentamos en alguna entrada anterior, la evolución demográfica de España es la típica de un país desarrollado que ha vivido la terciarización de su economía:

 

  • Se está produciendo desde hace años una caída de la natalidad, en la actualidad el número medio de hijos por mujer está en torno a 1,3, por lo que estaríamos en una situación donde no se garantiza el reemplazo generacional (se produciría con un cifra de en torno al 2,1 hijos por mujer). Esto se ha producido simplemente porque la familia ha dejado de ser un suministro de mano de obra gratuita, como sucedería en una sociedad centrada en el sector primario, donde a más hijos más manos para trabajar para la explotación familiar. Este escenario hace que la pirámide poblacional cada vez vaya teniendo una base más estrecha, lo que implica que haya cada vez menos gente joven que cubra el puesto de los que se jubilan, y por ello que paguen la jubilación de las generaciones que se retiran.
  • La gente nacida en el baby boom de mediados del siglo XX, producido dicho baby boom en un momento en que la economía no estaba terciarizada, está llegando o ha llegado a la edad de jubilación; lo que hace que esté aumentando el número de pensionistas mientras el aumento de gente que entra en el mercado laboral no sigue la misma evolución de crecimiento.
  • El desarrollo de la sociedad ha logrado una gran conquista social, que no es otra que el aumento de las posibilidades de mejorar la formación, eso hace que tengamos generaciones mejor formadas ya que se dedica más tiempo a la formación y ello tiene igualmente por consecuencia que su entrada en el mundo laboral se retrase.
  • Por otro lado está el efecto negativo de cómo se ha desarrollado el mercado laboral, la tantas veces nombrada flexibilidad laboral ha implicado que el modelo de entrar en un trabajo y jubilarse en el ya haya desaparecido; actualmente un joven formado, que por su propia formación entra a una edad más avanzada que anteriores generaciones en el mercado laboral, también pasará más tiempo en el paro (o al menos tendrá más cantidad de cambios de trabajo con las implicaciones en pasos fugaces por el desempleo y cambios en las condiciones laborales) que anteriores generaciones, donde no era inusual pasar toda la vida laboral en la misma empresa. Esto hace que se vayan a producir oscilaciones en las aportaciones medias que se produzcan a la seguridad social.

 

Todo este escenario nos pone en una situación en la cual uno de los principales logros del Estado del Bienestar, las pensiones de jubilación, tiene un problema por delante: No va a ser sencillo que las cotizaciones de los que trabajan puedan ser las que cubran las pensiones de jubilación, siendo esto un derecho adquirido por los trabajadores. Una de las teoría existentes tienden a opinar que no desaparecerán las pensiones de jubilación, pero desgraciadamente no serán elevadas, posiblemente hablemos de una situación donde nos encontremos con una pensión básica para todos igual –tanto ricos como pobres- para así poder mantener el sistema actual.

 

La cuestión es que dicha pensión corre el peligro de ser baja, ya que estas teorías hablan de que la pensión básica, la que sería igual para todos, estaría dentro de 20 años en torno a los 1.000 euros. Esta potencial situación futura ha hecho que, ya desde hace tiempo, en los convenios colectivos de algunas empresas los representantes de los trabajadores hayan llegado a acuerdos por los que las propias empresas se convierten en promotores de planes de pensiones y hacen aportaciones periódicas a dichos planes en nombre de las personas que forman parte de la plantilla de las empresas. De todos modos lo más destacable de esta situación es el mercado de particulares, particulares que contratan productos financieros para complementar en el momento de su jubilación la pensión que van a percibir, pudiendo ser planes de pensiones u otros productos de ahorro. Con dichos productos financieros lo que se busca es un complemento que haga más sencillo que al llegar a la edad de jubilación se tengan unos ingresos que hagan más cómodo el retiro.

 

Los planes de pensiones socialmente, o quizá más que los planes su modo de comercialización, presentan un problema; durante años se ha incentivado, y de hecho se incentiva, la contratación de Planes de Pensiones debido a las ventajas fiscales que da (realmente lo que hace es que se produzca una especie de “diferimiento” del pago, ya que en el momento de percibir el plan de pensiones habrá que tributar por rendimientos del trabajo en IRPF). Frente a este planteamiento, sería muy recomendable cambiar desde ya ese chip y pasar a pensar en esos planes como un dinero del que se podrá tirar en la jubilación para complementar la pensión pública o al que se podrá recurrir en caso de necesidad (paro o enfermedad grave), y no simplemente una herramienta que nos permite, en el tiempo presente, pagar menos en la declaración de la renta.

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Obligaciones de información y clasificación de productos financieros

A partir del mes de febrero de 2016, entrará en vigor la Orden ministerial ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

Si bien es cierto que las diferentes normas aprobadas en los últimos años han incrementado notablemente la información que se ha de poner a disposición del cliente y han establecido la obligación de que dicha información conste por escrito, la gran cantidad de información precontractual que en ocasiones se pone a disposición de los clientes, o de los clientes potenciales, y la ausencia de un formato común para su representación, constituyen dos factores que dificultan la adecuada comprensión de los productos ofrecidos y su comparación con otros.

Esta norma tiene como fin garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros mediante el establecimiento de un sistema normalizado de información y clasificación que le advierta sobre su nivel de riesgo y le permita elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión. Con tal finalidad, las entidades entregarán a sus clientes o potenciales clientes un indicador de riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad.


La citada Orden ministerial se estructura en tres capítulos y un anexo.

Su redacción se articula sobre tres principios básicos:

  • Principio de transversalidad: conforme al cual el sistema normalizado de información y clasificación se deberá elaborar para todos los productos financieros, ya sean bancarios, como propios del mercado de valores o del mercado de seguros y planes de pensiones.
  • Principio de simplicidad: para que la información ofrecida ayude a los clientes o potenciales clientes a comparar diferentes productos y comprender sus características.
  • Principio de homogeneidad: a fin de evitar divergencias y mejorar la protección de los clientes financieros, la información mínima requerida sea elaborada y representada gráficamente en un único formato normalizado.

Atendiendo a estos tres principios, el Capitulo I regula el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Orden ministerial.

En cuanto a los productos a los que se aplica, la orden incluye a los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, los depósitos bancarios, los productos de seguros de vida con la finalidad de ahorro y los planes de pensiones individuales y asociados.

comisic3b3n-nacional-del-mercado-de-valores-fuente-cnmvNo obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta orden los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, como es el caso las participaciones de fondos de inversión, los productos de seguro de vida que tengan un elemento de inversión a los que es aplicable dicho Reglamento y los productos y depósitos estructurados, que disponen, a partir del 31 de diciembre de 2016, de una regulación específica, destinada a que los clientes y potenciales clientes puedan comprender y comparar las características fundamentales y los riesgos de dichos productos, incluyendo a estos efectos un indicador de riesgo con un formato y contenido homogéneos.

 Igualmente, se excluye a la deuda pública del ámbito objetivo de aplicación, dada la garantía de las administraciones públicas con la que cuentan que hace que su clasificación sea la de activo de elevada liquidez y solvencia a efectos de la normativa prudencial y, en particular, del Reglamento 575/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 648/2012/UE. Asimismo, quedan excluidos de esta orden los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, al no ir dirigidos a la comercialización en el mercado minorista, así como las modalidades de seguro de vida previstas en el artículo 3 de la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida que tienen en común el presentar esencialmente un componente biométrico.DGS

El capítulo I regula también el ámbito de aplicación subjetiva de la orden, que incluye tanto a las entidades financieras españolas susceptibles de comercializar este tipo de productos, como a las entidades extranjeras que lo hagan en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios.

Finalmente, el ámbito de aplicación de la orden se termina de definir mediante dos normas de cierre: primero, la orden se aplica solo en relación con la comercialización de productos a clientes no profesionales y segundo, se exime de su cumplimiento a la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras, dado que en estos casos es la empresa quien toma las decisiones de inversión por cuenta del cliente.


Por otra parte, en el Capítulo II de <<las obligaciones de información y clasificación de productos financieros>>, se regula el llamado  «indicador de riesgo» que las entidades deberán facilitar al cliente o cliente potencial cuando le presten servicios de inversión o comercialicen un producto financiero. Dicho indicador será elaborado y representado gráficamente de conformidad con lo dispuesto en el anexo y clasificará al producto financiero en cuestión en alguna de las 6 categorías previstas en la orden:

  • Clase 1: Incluirá:
    • Los depósitos bancarios en euros ofertados por entidades de crédito a los que se refiere el artículo 2.1.b).
    • Los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.
  • Clase 2: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos, deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 1, según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 3:  En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 3 e igual o inferior a 5 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 4: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 5 años e igual o inferior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 5: en esta clase se incluirán:
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan de un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2.
  • Clase 6: En esta clase se incluirán el resto de los productos financieros definidos en el artículo 2 y no contemplados en ninguna otra clase.

Además, en este capítulo se establecen también las <<alertas sobre liquidez y sobre la complejidad del producto>> , que únicamente deberán ser incluidas en la información a entregar al cliente o potencial cliente en el caso de que concurran algunas de las circunstancias expresamente previstas en el articulado de la orden ministerial.

Las entidades incluirán, además del indicador de riesgo, en su caso, una alerta actualizada al momento de su entrega conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre las posibles limitaciones respecto a la liquidez y sobre los riesgos de venta anticipada del producto financiero, que será elaborada y representada gráficamente de conformidad con lo dispuesto en la presente orden.

El indicador de riesgo , y en su caso las alertas de liquidez, deberán incluirse en las comunicaciones publicitarias sobre los productos financieros que incluyan información concreta sobre sus características y riesgos.  El indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad serán representados gráficamente utilizando las figuras de los apartados 1, 5 y 6 del anexo.

riesgoLas representaciones gráficas deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 11 de la orden, es decir, deberán incorporarse en la parte superior de la primera hoja de las comunicaciones publicitarias o de la información sobre el producto financiero cuando se realice por escrito o en un medio que permita su reproducción, y el tamaño de la figuras y de los textos tendrá que ser adecuado al tamaño del documento para asegurar que sean claramente visibles y legibles para el cliente o cliente potencial.

La correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo se representará gráficamente mediante un pentágono orientado hacia a la derecha y de color negro que apuntará al pentágono de color de su clase correspondiente.

Dibujo 2No obstante, las entidades podrán sustituir la figura del apartado 1 del anexo por la figura apartado 3 del anexo, en cuyo caso, la correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo previsto en el apartado 1 del anexo se representará gráficamente mediante la indicación numérica de la clase a la que pertenece el producto financiero en la parte del numerador de la fracción, permaneciendo el denominador siempre constante en el número 6. En este supuesto, los colores utilizados para el indicador de riesgo atenderán a lo establecido en el apartado 4 del anexo y la figura del apartado 3 del anexo se acompañará de la leyenda: <<Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor riesgo>>


En cuanto a la comercialización a distancia y otras formas de comercialización (contratación por correo, catálogo, internet, venta telefónica) la orden establece la obligación de entrega del indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad al cliente antes de su contratación. Las entidades deberán estar en condiciones de acreditar que, antes de contratar un producto financiero a distancia, el cliente potencial ha recibido el indicador de riesgo y, en su caso, las alertas sobre la liquidez y la complejidad.

Asimismo, las entidades tendrán la obligación de incorporar junto al indicador de riesgo de los productos financieros a los que se refiere el art. 2.1.b), una advertencia que incluirá la identidad del fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad y el importe máximo que garantiza.

Indicadores de riesgo en planes de pensiones: Cuando el producto financiero comercializado por las entidades sea un plan de pensiones de los recogidos en el artículo 2.1.d), las entidades facilitarán, en sustitución del indicador de riesgo previsto en el artículo 5, otro elaborado, calculado y representado conforme a lo establecido para el indicador sintético de riesgo en los apartados 4 y 6 de la Norma Cuarta de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.


Por último, en el Capítulo III de <<Normas de ordenación, disciplina y supervisión>>, se recoge el régimen aplicable a cada uno de los respectivos ámbitos materiales de los servicios financieros sobre los que se proyecta. Asimismo, establece que las facultades de desarrollo se delegan en El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrán dictar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución y aplicación de la Orden ministerial en sus respectivos ámbitos competenciales.

Está previsto que entre en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir el 5 de febrero de 2016.

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La jubilación y su problemática actual

Desde hace décadas no dejamos de congratularnos por el aumento de la esperanza de vida, de la (esperemos continua) mejora de los medios sanitarios que nos ha permitido alcanzar una esperanza de vida nunca habida en la historia de la humanidad y del deseo de que esa vejez se pueda vivir con la mayor calidad de vida posible.

De igual modo, en las sociedades avanzadas, se ha tendido a una menor natalidad, factores como la terciarización de la economía en el llamado primer mundo han hecho que las familias tengan menos hijos. Por un lado por un tema de “comodidad” ante la difícil conciliación de la vida laboral y familiar y por otro lado por la no necesidad de “mano de obra” para lo que antiguamente era la base de una sociedad centrada en la producción primaria: la explotación familiar del campo.

Esos dos factores: el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad han llevado a que las pirámides poblacionales en el mundo desarrollado estén siendo cada vez más estrechas en la base y más anchas en sus zonas altas. Este tipo de pirámide poblacional tiene una implicación directa en la principal de las prestaciones sociales existente en el Estado del Bienestar: las pensiones de jubilación; vamos a encontrarnos de un modo casi inmediato con una situación donde será complicado que los que trabajen puedan pagar con sus cotizaciones a la seguridad social las pensiones de un cada vez mayor número de jubilados.

Ante este escenario se escuchan voces que abogan por atrasar la edad de jubilación  hasta unas edades mucho más avanzadas que los ligeros cambios propuestos y aprobados hasta ahora. Algunos han propuesto aplicar una especie de control al estado físico y mental de los trabajadores y no fijarse en la edad de los mismos y en determinados foros se ha llegado a plantear la idea de alargar la vida laboral hasta los 70 años, reduciendo sensiblemente el número de horas y días de trabajo de modo que se pueda intentar favorecer la conciliación familiar, el fomento del empleo y tener que pagar menos pensiones; la cuestión es que no dejan de ser simples comentarios y no medidas palpables con sus pros y sus contras.

Esta situación ha de hacer que nos fijemos en que cada vez hay más gente que atrasa su retiro para seguir trabajando y cobrar más tarde su pensión de jubilación. Esto se está efectuando por varias vías, por un lado hay gente que simplemente no se jubila y sigue trabajando postergando la edad de la jubilación; por otro se opta por la jubilación parcial, en este último caso hay que tener en cuenta como se produce:

Los años de cotización mínimos para poder acceder a la modalidad de jubilación parcial son 33, situándose la edad de acceso a la jubilación parcial en los 63 años, los que accedan a esta modalidad verán reducida su jornada entre un 25% y un 75%. Esto último, en caso de que se contrate un sustituto a jornada completa y con un contrato de trabajo indefinido, teniendo que ser el relevista parado o empleado de la propia empresa con un contrato limitado.  La base de cotización para el relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las seis últimas bases del jubilado parcial.

Todo lo indicado anteriormente indica lo que es una tendencia cada vez más evidente, la dificultad de los Estados para poder hacer frente a las prestaciones de sus jubilados y el impacto que ello tiene sobre la edad en que en el mundo desarrollado se llega al retiro.  Esa dificultad es precisamente la que ha hecho que proliferen productos de ahorro privados destinados a complementar las prestaciones públicas por jubilación; “complementos” que, si se cumplen las peores previsiones, podrían llegar a ser las únicas prestaciones que percibirían los futuros jubilados. Confiemos en que las medidas que se implementen por parte de los Estados no mermen, sino que busquen mejorar las coberturas de las que disponemos en la actualidad.

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Aprobación aumento pensiones para madres de dos o más hijos

Informábamos en el mes de mayo de una propuesta efectuada por el ministerio de Sanidad, dicha propuesta consistía en plantear al Pacto de Toledo un aumento de las pensiones contributivas de las madres de dos o más hijos. Han pasado los meses y, la semana pasada, en pleno del Congreso de los Diputados se ha procedido a la aprobación de dicho complemento de pensiones al que hacíamos referencia en la noticia del mes de mayo.

 

 

¿Cómo funciona ese complemento?

 

En primer lugar hay que definir a quien se podrá aplicar el complemento, nos referiremos a “las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente”; como ya habíamos indicado meses antes, sería de aplicación a partir del 1 de enero de 2016 no teniendo caducidad dicha aplicación.

 

La propuesta aprobada dice que “dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos”, dicho porcentaje será del que ya informamos en la noticia de hace meses:

 

  • Complemento consistente en la aplicación del 5% sobre la cuantía inicial de la pensión en el caso de que la mujer haya tenido dos hijos.
  • Complemento consistente en la aplicación del 10% sobre la cuantía inicial de la pensión cuando hablemos de tres hijos.
  • Complemento consistente en la aplicación del 15% sobre la cuantía inicial de la pensión en el caso de que hablemos de cuatro o más hijos.

 

Hay que tener en cuenta que, para determinar el complemento a aplicar y la existencia o no del derecho a su aplicación, se tendrá en cuenta el número de hijos que se tengan en el momento en que se produzca la jubilación.
Especialidades dentro de la aplicación de los complementos:

 

Si estamos ante una situación en la que la pensión no llegue a ser la mínima fijada para este ejercicio se reconocerá dicha cuantía y se le sumará el complemento por hijo aplicando el porcentaje correspondiente.

 

Si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supera el límite establecido sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del complemento no podrá rebasar dicho límite incrementado en un 50% del complemento asignado.

En el caso de que nos encontremos ante una jubilación anticipada voluntaria no se tendrá derecho a la aplicación del complemento, mientras que si estamos ante el caso de una jubilación anticipada por despido sí se tendrá derecho a dicha aplicación.

 

Si hay una jubilación parcial no se aplicarán estos porcentajes, pero en el momento que la jubilación pase a ser plena al llegar a la edad que corresponda sí serán de aplicación los complementos que correspondan.

 

 

¿A qué pensión se aplicará el complemento?

 

Si la jubilada percibe más de una pensión el complemento se aplicará simplemente a una de las pensiones. A la hora de decidir sobre cual de las dos se va a aplicar el complemento se utilizará el siguiente orden de preferencia: en primer lugar la pensión que resulte más favorable, y en segundo lugar la de jubilación en el caso de que esta concurra con la de viudedad.

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Propuesta de aumento de pensiones para madres de dos o más hijos

Ayer 14 de mayo fue anunciada por el ministro de Sanidad la intención gubernamental de proponer al Pacto de Toledo un aumento de las pensiones contributivas del un 5% para las madres de dos hijos, de un 10% para las madres de tres hijos y de un 15% para madres que hayan tenido cuatro o más hijos.

Se corresponde esto con una propuesta que tendrá que ser negociada y aprobada en el Pacto de Toledo y el anuncio del Gobierno habla de su aplicación a partir del 1 de enero de 2016, por lo que los incrementos indicados se aplicarían a las madres que se jubilasen a partir de esa fecha.

Esta propuesta de medida se encuadra dentro del Plan Integral de Apoyo a la Familia, y se anuncia como una actuación que busca reconocer la importancia de un sector de la población, las madres, que suelen tener una pensión de jubilación inferior a los hombres por causa de dos factores que inciden directamente en las mujeres y prácticamente no lo hacen en los hombres: la baja por nacimiento de hijo y la excedencia para cuidado de menores; la existencia de esos dos factores, que inciden directamente sobre la pensión de jubilación, es el detonante de la medida propuesta.

Según el anuncio del Ministerio de Sanidad, el presupuesto que se destinaría en el primer año a esta medida sería de 51 millones de euros, siendo  el número de madres afectadas por esta medida más de 123.000; subiendo esta cifra en los años posteriores, años en el que el número estimado de afectadas serían 241.000 en 2017, 350.000 en 2018 y en 455.000 en 2019.

De todos modos este anuncio no es de una medida de inmediata aplicación, como indicamos ha de ser negociado y aprobado por el Pacto de Toledo, y del mismo modo hemos de tener en cuenta que se trata de un anuncio enmarcado en plena campaña electoral de municipales y autonómicas, por lo que hemos de estar pendientes de la evolución (y posible aplicación o no) de esta propuesta.