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Propuesta de reforma en los rescates de los planes de pensiones

Es un tema recurrente, tanto en las noticias asociadas con temas de jubilación como en temas económicos, comentar las características de los planes de pensiones; tanto sus objetivos, sus condiciones, sus motivos de rescate, su tratamiento fiscal, etc. En anteriores publicaciones hemos hecho referencia a ello y, precisamente por ese motivo, hoy nos hacemos eco de que ayer el gobierno ha publicado una propuesta de reforma en las condiciones necesarias para el rescate de los planes de pensiones, entre otros temas.

Esta propuesta de reforma se encuadra dentro de las modificaciones que se incluían en la reforma fiscal de 2014, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. En la indicada reforma fiscal se incluía la posibilidad de disposición anticipada de los derechos consolidados, y es precisamente esta posibilidad la que en el día de ayer ha sido publicada como proyecto de Real Decreto, quedando abierto a participación pública hasta el día 4 de diciembre de 2017.

En este proyecto de Real Decreto, como indicamos anteriormente, se hace referencia a la disposición anticipada de los derechos consolidados que se correspondan a las aportaciones que se hayan efectuado a los planes de pensiones (y sistemas de previsión social análogos) con una antigüedad de diez años, incluyendo las aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2016; de manera que los derechos derivados de aportaciones o primas de seguro abonadas con anterioridad a esa fecha podrán hacerse efectivos a partir de 1 de enero de 2025.

Esto quiere decir que los planes contratados antes de 31 de diciembre de 2015 podrán rescatarse a partir de 2025, y aplicaríamos este criterio para el resto de rescates de los planes; teniendo en cuenta que no puede solicitarse ahora mismo el rescate, sino que será a partir de 2025. Un ejemplo; un plan contratado hoy (14 de noviembre de 2017) podrá rescatarse a partir del 14 de noviembre de 2027. En resumen; hay que tener muy en cuenta que, en caso de aprobación de esta propuesta de Real Decreto, los rescates de planes de pensiones que cumplan esta condición de duración en el tiempo se podrán llevar a cabo a partir de 1 de enero de 2025.

Los demás requisitos para el rescate de planes de pensiones, que incluíamos en la esta publicación anterior, se siguen manteniendo, pudiendo ser la condición antes indicada una nueva a incluir con las anteriores.

Este proyecto igualmente redefine los límites máximos de comisiones de gestión y depósito a percibir tanto por gestoras como por depositarias. Esta redefinición implica, por un lado, una reducción del importe medio de las comisiones máximas con el objetivo de mejorar la rentabilidad neta de los planes de pensiones, y por otro lado implica una sustitución a la hora de determinar las comisiones de gestión, se sustituye el importe máximo único por una tabla de comisiones máximas en función de las diferentes políticas de inversión de los fondos.

Como se ve, esta propuesta parece ir orientada a una mejora del atractivo de estos productos, sobre todo pensando en gente de mediana edad y en jóvenes recién incorporados al mercado laboral. El objetivo final, aparentemente, sería “quitar” el miedo que la no liquidez de los planes de pensiones (salvo las contingencias que tradicionalmente implicaban la liquidez de los planes de pensiones) para así aumentar el “atractivo” de este tipo de productos de ahorro destinados a la jubilación; sin olvidar que la situación de las pensiones públicas haga que el Estado busque que aumenten los planes privados que complementen (cuando no incluso sustituyan) las pensiones del Estado.

Lo que en todo momento hay que tener en cuenta el tratamiento fiscal que tiene un plan de pensiones. Esta propuesta de reforma va a implicar a partir de 2025 haya mucha liquidez en los planes de pensiones, e igualmente es posible que se produzca un aumento de las comercializaciones de planes de pensiones en los ejercicios actuales; es por ello que el conocimiento del tratamiento fiscal es muy importante. Lo básico a tener en cuenta es qué producto es un plan de pensiones; no se trata de un depósito o una cuenta corriente, por lo que a la hora de tributar no tributamos por el rendimiento del producto y como rendimiento del capital mobiliario, sino que el importe íntegro del rescate del plan (principal más potenciales ganancias) será la base por la que se tributará como rendimiento del trabajo; igualmente hemos de tener en cuenta que, a diferencia de depósitos o cuentas, las aportaciones a los planes de pensiones nos habrán dado beneficios fiscales en los ejercicios en los que estas se hayan efectuado; por lo que se ve claramente que el tratamiento será muy diferente, y esto es algo a tener muy claro.

El plazo abierto para discutir esta propuesta será desde ayer hasta el 4 de diciembre, por lo que habrá que estar pendiente de cómo quedará finalmente esta propuesta.

 

Documentación:

Proyecto de Real Decreto

Memoria  

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El Seguro de Responsabilidad Civil

A la hora de revisar determinados contratos o acuerdos de prestación de servicios, vemos que aparece en muchas ocasiones un “latiguillo” que hace referencia a la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre la actuación de un profesional o de unos profesionales. Pero ¿qué es una póliza de seguro de Responsabilidad Civil?

 

Supongamos una situación en la que entramos en un comercio y tenemos un desafortunado accidente por, por ejemplo, un piso mojado o una baldosa mal colocada. Ante esa situación los daños que podamos sufrir por causa de ese desafortunado accidente estarían cubiertos por la póliza de responsabilidad civil de ese local, en el caso de que la tuviese suscrita. Planteémonos una situación en la que, en el desarrollo de una negociación, los profesionales que nos dan soporte en dicha negociación nos indican que la mejor opción a seguir, en caso de que esa decisión sea un error garrafal podría darse el caso que la póliza de responsabilidad civil de esos profesionales nos cubra ante el perjuicio que dicha recomendación nos ha provocado.

 

En definitiva, con una póliza de seguro de responsabilidad civil se hace frente a los daños de carácter personal, material y las consecuencias que se pudiesen producir a los clientes de modo involuntario. El emisor de la póliza será el que pase a hacer frente a las consecuencias de tipo económico que se produzcan por los hechos antes indicados y que han implicado un daño a un tercero, eso sí, con el límite de la cantidad que se haya acordado y que figurará en la póliza de seguro de responsabilidad civil que se haya firmado.

 

Resumiendo, lo que busca un seguro de responsabilidad civil será indemnizar al asegurado del daño que su patrimonio pueda sufrir ante la reclamación que pueda efectuar contra él un tercero. Como todo seguro, mediante el pago de una prima, se desplaza el coste de las indemnizaciones económicas a un tercero, es decir, que encaja a la perfección con el principio que define a un seguro, que no es otro que la transferencia de riesgos.

 

Debido a sus características podremos ver la existencia de este tipo de seguro en prácticamente todos los sectores; ya que tanto un comercio, profesional liberal, fábrica, explotación ganadera, empresa de transporte, empresa tecnológica, empresa de servicios, etc. tendrán diversidad de situaciones en las que su actividad pueda implicar la posibilidad de perjudicar a sus clientes o incluso a la propia empresa o a los propios empleados. Ese riesgo inherente a la existencia de la actividad hace que se trata de una modalidad de seguro existente en la mayoría de las actividades, llegando a ser obligatoria para el caso de determinadas actividades, existiendo colegios profesionales que llegan con diversas aseguradoras a convenios para así conseguir mejores condiciones.

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Obligaciones de información y clasificación de productos financieros

A partir del mes de febrero de 2016, entrará en vigor la Orden ministerial ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

Si bien es cierto que las diferentes normas aprobadas en los últimos años han incrementado notablemente la información que se ha de poner a disposición del cliente y han establecido la obligación de que dicha información conste por escrito, la gran cantidad de información precontractual que en ocasiones se pone a disposición de los clientes, o de los clientes potenciales, y la ausencia de un formato común para su representación, constituyen dos factores que dificultan la adecuada comprensión de los productos ofrecidos y su comparación con otros.

Esta norma tiene como fin garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros mediante el establecimiento de un sistema normalizado de información y clasificación que le advierta sobre su nivel de riesgo y le permita elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión. Con tal finalidad, las entidades entregarán a sus clientes o potenciales clientes un indicador de riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad.


La citada Orden ministerial se estructura en tres capítulos y un anexo.

Su redacción se articula sobre tres principios básicos:

  • Principio de transversalidad: conforme al cual el sistema normalizado de información y clasificación se deberá elaborar para todos los productos financieros, ya sean bancarios, como propios del mercado de valores o del mercado de seguros y planes de pensiones.
  • Principio de simplicidad: para que la información ofrecida ayude a los clientes o potenciales clientes a comparar diferentes productos y comprender sus características.
  • Principio de homogeneidad: a fin de evitar divergencias y mejorar la protección de los clientes financieros, la información mínima requerida sea elaborada y representada gráficamente en un único formato normalizado.

Atendiendo a estos tres principios, el Capitulo I regula el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Orden ministerial.

En cuanto a los productos a los que se aplica, la orden incluye a los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, los depósitos bancarios, los productos de seguros de vida con la finalidad de ahorro y los planes de pensiones individuales y asociados.

comisic3b3n-nacional-del-mercado-de-valores-fuente-cnmvNo obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta orden los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, como es el caso las participaciones de fondos de inversión, los productos de seguro de vida que tengan un elemento de inversión a los que es aplicable dicho Reglamento y los productos y depósitos estructurados, que disponen, a partir del 31 de diciembre de 2016, de una regulación específica, destinada a que los clientes y potenciales clientes puedan comprender y comparar las características fundamentales y los riesgos de dichos productos, incluyendo a estos efectos un indicador de riesgo con un formato y contenido homogéneos.

 Igualmente, se excluye a la deuda pública del ámbito objetivo de aplicación, dada la garantía de las administraciones públicas con la que cuentan que hace que su clasificación sea la de activo de elevada liquidez y solvencia a efectos de la normativa prudencial y, en particular, del Reglamento 575/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 648/2012/UE. Asimismo, quedan excluidos de esta orden los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, al no ir dirigidos a la comercialización en el mercado minorista, así como las modalidades de seguro de vida previstas en el artículo 3 de la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida que tienen en común el presentar esencialmente un componente biométrico.DGS

El capítulo I regula también el ámbito de aplicación subjetiva de la orden, que incluye tanto a las entidades financieras españolas susceptibles de comercializar este tipo de productos, como a las entidades extranjeras que lo hagan en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios.

Finalmente, el ámbito de aplicación de la orden se termina de definir mediante dos normas de cierre: primero, la orden se aplica solo en relación con la comercialización de productos a clientes no profesionales y segundo, se exime de su cumplimiento a la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras, dado que en estos casos es la empresa quien toma las decisiones de inversión por cuenta del cliente.


Por otra parte, en el Capítulo II de <<las obligaciones de información y clasificación de productos financieros>>, se regula el llamado  «indicador de riesgo» que las entidades deberán facilitar al cliente o cliente potencial cuando le presten servicios de inversión o comercialicen un producto financiero. Dicho indicador será elaborado y representado gráficamente de conformidad con lo dispuesto en el anexo y clasificará al producto financiero en cuestión en alguna de las 6 categorías previstas en la orden:

  • Clase 1: Incluirá:
    • Los depósitos bancarios en euros ofertados por entidades de crédito a los que se refiere el artículo 2.1.b).
    • Los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.
  • Clase 2: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos, deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 1, según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 3:  En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 3 e igual o inferior a 5 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 4: En esta clase se incluirán todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 5 años e igual o inferior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
  • Clase 5: en esta clase se incluirán:
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros y que dispongan de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual superior a 10 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2, del artículo 6.
    • Instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan de un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de este compromiso deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2 según se define en el apartado 2.
  • Clase 6: En esta clase se incluirán el resto de los productos financieros definidos en el artículo 2 y no contemplados en ninguna otra clase.

Además, en este capítulo se establecen también las <<alertas sobre liquidez y sobre la complejidad del producto>> , que únicamente deberán ser incluidas en la información a entregar al cliente o potencial cliente en el caso de que concurran algunas de las circunstancias expresamente previstas en el articulado de la orden ministerial.

Las entidades incluirán, además del indicador de riesgo, en su caso, una alerta actualizada al momento de su entrega conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre las posibles limitaciones respecto a la liquidez y sobre los riesgos de venta anticipada del producto financiero, que será elaborada y representada gráficamente de conformidad con lo dispuesto en la presente orden.

El indicador de riesgo , y en su caso las alertas de liquidez, deberán incluirse en las comunicaciones publicitarias sobre los productos financieros que incluyan información concreta sobre sus características y riesgos.  El indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad serán representados gráficamente utilizando las figuras de los apartados 1, 5 y 6 del anexo.

riesgoLas representaciones gráficas deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 11 de la orden, es decir, deberán incorporarse en la parte superior de la primera hoja de las comunicaciones publicitarias o de la información sobre el producto financiero cuando se realice por escrito o en un medio que permita su reproducción, y el tamaño de la figuras y de los textos tendrá que ser adecuado al tamaño del documento para asegurar que sean claramente visibles y legibles para el cliente o cliente potencial.

La correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo se representará gráficamente mediante un pentágono orientado hacia a la derecha y de color negro que apuntará al pentágono de color de su clase correspondiente.

Dibujo 2No obstante, las entidades podrán sustituir la figura del apartado 1 del anexo por la figura apartado 3 del anexo, en cuyo caso, la correspondencia de los productos financieros con una clase determinada del indicador de riesgo previsto en el apartado 1 del anexo se representará gráficamente mediante la indicación numérica de la clase a la que pertenece el producto financiero en la parte del numerador de la fracción, permaneciendo el denominador siempre constante en el número 6. En este supuesto, los colores utilizados para el indicador de riesgo atenderán a lo establecido en el apartado 4 del anexo y la figura del apartado 3 del anexo se acompañará de la leyenda: <<Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor riesgo>>


En cuanto a la comercialización a distancia y otras formas de comercialización (contratación por correo, catálogo, internet, venta telefónica) la orden establece la obligación de entrega del indicador de riesgo y las alertas sobre la liquidez y la complejidad al cliente antes de su contratación. Las entidades deberán estar en condiciones de acreditar que, antes de contratar un producto financiero a distancia, el cliente potencial ha recibido el indicador de riesgo y, en su caso, las alertas sobre la liquidez y la complejidad.

Asimismo, las entidades tendrán la obligación de incorporar junto al indicador de riesgo de los productos financieros a los que se refiere el art. 2.1.b), una advertencia que incluirá la identidad del fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad y el importe máximo que garantiza.

Indicadores de riesgo en planes de pensiones: Cuando el producto financiero comercializado por las entidades sea un plan de pensiones de los recogidos en el artículo 2.1.d), las entidades facilitarán, en sustitución del indicador de riesgo previsto en el artículo 5, otro elaborado, calculado y representado conforme a lo establecido para el indicador sintético de riesgo en los apartados 4 y 6 de la Norma Cuarta de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.


Por último, en el Capítulo III de <<Normas de ordenación, disciplina y supervisión>>, se recoge el régimen aplicable a cada uno de los respectivos ámbitos materiales de los servicios financieros sobre los que se proyecta. Asimismo, establece que las facultades de desarrollo se delegan en El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrán dictar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución y aplicación de la Orden ministerial en sus respectivos ámbitos competenciales.

Está previsto que entre en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir el 5 de febrero de 2016.